Palacio de Justicia: El día que Noemí Sanín silenció la radio

Durante los acontecimientos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia se vivió uno de los casos de censura más graves en la historia de Colombia.Palacio de Justicia 30 años: El día que silenciaron la radio

“Yamid Amat recibió la llamada de la ministra de Comunicaciones Noemí Sanín, quien le ordenó interrumpir la transmisión», dice la Comisión de la Verdad.

El 6 de noviembre de 1985 la radio fue protagonista y con ella una voz, la de Yamid Amat. El decano del periodismo colombiano era en ese momento director de Caracol Radio y narró en vivo y en directo uno de los días más impresionantes de la historia del país, la toma del Palacio de Justicia.

Millones de colombianos oyeron a un empleado de la corte, que escondido debajo de una mesa, le contaba minuto a minuto cómo el M-19 se iba apoderando del palacio. En la transmisión se oían los tiros, el andar de los tanques, los gritos de la gente.

El hoy ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, habló con su padre, el presidente la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien le dijo que no descartaba que se hubiera dado la orden del cese al fuego y que el Ejército no se hubiera enterado. Al ver que el panorama se hacía cada vez más complejo, Yesid Reyes ofreció ponerlo en contacto con Yamid Amat. Con el beneplácito del comandante Luis Otero, guerrillero del ‘M’ al mando de la operación, Reyes Echandía contó al aire lo que estaba pasando en directo.

Todo el país recuerda esa llamada

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“Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan… Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo… Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes… He tratado de hablar con todas las autoridades. He intentado comunicarme con el señor Presidente, pero él no está. No he podido hablar con él”, fue el ruego inclemente, desesperado, del presidente de la Corte que alcanzaron a transmitir Caracol Radio y RCN Radio antes de la mordaza.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que «la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.

Funcionarios protagonistas en la toma de decisiones sobre el actuar de los medios de comunicación ese día le dijeron a la Comisión de la Verdad que la censura se habría producido como una manera de “tranquilizar” al país. Otros atribuyeron en particular a la radio del fracaso de la operación helicoportada de la Policía. Años después algunos defendieron la censura como “la única manera de salvar la democracia”.

Según el informe de la Comisión de la Verdad, a las 6 de la tarde “Yamid Amat recibió la llamada de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, quien le ordenó interrumpir la transmisión. Ella le dijo que aun cuando no había resolución, era una orden. Él contestó que lo haría si los demás medios lo hacían. La ministra le replicó que si no interrumpía, le ordenaba al Ejército que se tomara la emisora y apagara los transmisores”. Sanín ha negado esa versión.

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¿Cuál fue el papel de la prensa? ¿Quién ordenó censurar a los medios de comunicación? ¿Ante eventos como la toma del Palacio de Justicia, hasta dónde va la libertad de información? ¿Los funcionarios públicos que adoptaron las decisiones durante esos días han asumido su responsabilidad política?

Este informe compromete a todos los defensores de la libertad de expresión a iniciar un análisis objetivo sobre las preguntas planeadas. Colombia continua inmersa en un conflicto armado, y la censura impuesta durante la toma del Palacio de Justicia no ha sido la única en la historia reciente del país, pretendiendo ocultar la verdad de los hechos.

El capítulo VIII.2 del informe de la Comisión se refiere a la responsabilidad institucional del Gobierno, con una parte especial sobre “La libertad de expresión y la censura a los medios de comunicación”.

Concluye la Comisión sobre este tema que “la censura ordenada a los medios de comunicación durante los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, constituyó una restricción injustificada del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Es necesario precisar que para la época de los hechos, Colombia ya había reconocido la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, bajo condición de reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación (21 de junio de 1985), sobre casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El artículo 13.2 de la Convención Americana dispone que la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”

Apartes del informe de la Comisión de la Verdad sobre la libertad de expresión.

Capítulo VIII.2

“La censura tuvo como efecto la muerte de la Corte. (…) Los medios de comunicación eran en ese momento los ojos abiertos y les colocaron una venda. Eran la única luz de información que tenía el gobierno; cuando vino la censura, no sabían que estaba pasando”.
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«58. Una de las grandes paradojas de la actitud del Gobierno del Presidente Betancur y particularmente, de su Ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, durante el desarrollo de la toma y retoma del Palacio de Justicia, es el relacionado con los medios de comunicación: al tiempo que la escasa información con la que contaban el Presidente y su gabinete sobre lo que ocurría en el Palacio de Justicia provenía casi exclusivamente de las noticias transmitidas por la radio y la televisión, la Ministra tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero el 6 de noviembre de 1985 y ordenar la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas.

  1. En relación con las noticias sobre la operación guerrillera y militar, el propio Presidente de la República relató a la Comisión de la Verdad que la información de radio llegaba más rápido que las informaciones oficiales. En el mismo sentido, la Ministra de Educación señaló a la Comisión que se informaban “fundamentalmente” por la radio, quien afirmó a la Comisión de la Verdad que la censura se habría producido como una manera de “tranquilizar” al país, ya que se presentaban revueltas y temieron que se diera un “nueve de abril”.
  1. El Ministro de Relaciones Exteriores, por su parte, atribuyó a los medios de comunicación, específicamente a la radio, la responsabilidad del fracaso de la operación helicoportada de la Policía por la “transmisión minuto a minuto de la operación” y señaló que esas transmisiones radiales determinaron que Noemí Sanín, “casi por cuenta propia”, enviara la circular disponiendo que no se podían seguir transmitiendo las operaciones militares. El Ministro de Justicia expresó a la Comisión de la Verdad que la decisión de censura efectuada por Noemí Sanín fue autorizada por el Presidente.
  1. La Comisión desea destacar en este sentido que, si en ejercicio del derecho a la información se produce un abuso de la libertad de expresión, según lo ha establecido la Corte Interamericana, éste “no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido”
  1. Tal como lo reseñó en detalle la Comisión de la Verdad , es un hecho incontrovertible que se produjo la censura a los medios de comunicación, y las consecuencias de dicha decisión fueron, como lo describieron a la Comisión periodistas como Yamid Amat y Juan Gossaín, de enorme gravedad para la vigencia de la libertad de expresión y la adopción misma de medidas por parte del Gobierno encaminadas a proteger la vida e integridad de los rehenes que se encontraban en el Palacio de Justicia.
  1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que la “libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre». 
  1. El Juez Sergio García Ramírez ha señalado en este sentido que “[e]ntre las prohibiciones explícitas que el artículo 13 de la Convención dirige al Estado figura la censura previa, que constituye una forma de supresión radical –no apenas una limitación relativa– de la posibilidad de expresar el pensamiento. Esta censura afecta drásticamente el derecho de otras personas a tomar conocimiento de las ideas de terceros y, en tal sentido, genera nuevas violaciones que van más allá del emisor del mensaje”. 
  1. La supresión radical de la libertad de expresión, en términos de la Corte Interamericana, “tiene lugar cuando, por medio del poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control del Estado. En tal hipótesis, hay una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática”. 
  1. Como consecuencia de las anteriores consideraciones, la Comisión de la Verdad estima que la censura ordenada a los medios de comunicación durante los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, constituyó una restricción injustificada del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».