Uribe advierte reparos al acuerdo que busca la paz entre Gobierno y las Farc

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La firma del acuerdo sobre justicia entre el Gobierno y las Farc generó voces a favor y críticas que ya había advertido el mismo presidente Juan Manuel Santos, cuando dijo que “no importa donde trace la línea entre justicia y paz, no todo el mundo quedará contento”. 

En este sentido, aunque el acuerdo habla de penas privativas de la libertad, el expresidente Álvaro Uribe manifestó, en un comunicado, que “el Gobierno ha aceptado que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus crímenes. Para los cabecillas se mencionan trabajos sociales, restricciones, pero no cárcel”.

El exmandatario criticó la igualación de la Fuerza Pública con el terrorismo, que no se excluya al narcotráfico como conexo del delito político y que se acepte “abrir a los terroristas” las posibilidades de participación en política. Y llamó la atención porque, según enfatizó, “el Gobierno no ha exigido entrega del dinero para reparar a los víctimas y aceptó la palabra ‘dejación’ de armas, que equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera”.

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Por su parte, aunque ha tenido posturas críticas frente al proceso de paz, el expresidente Andrés Pastrana reconoció que el acuerdo apunta a la no impunidad: “Recibimos la noticia de la creación de la jurisdicción especial para la paz para aplicar la nueva justicia restaurativa como un avance que no se puede desconocer. Es importante resaltar la decisión de no amnistiar ni indultar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra”.

Pero también fue crítico al señalar que “no resulta fácil aceptar que nuestros soldados y policías sean tratados de la misma forma y con los mismos parámetros que quienes asesinaron, secuestraron y causaron tanto dolor. También queda la duda acerca de la puerta que al parecer se abre para convertir el delito principal del narcotráfico en un delito conexo”.

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Con algo de escepticismo, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que “sin perjuicio de que el acuerdo contempla esfuerzos para promover la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, lo cierto es que éste permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión. Es difícil imaginar que esta fórmula de justicia transicional supere un escrutinio en la Corte Constitucional o en la Corte Penal Internacional”.

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Desde el Congreso, el senador Armando Benedetti, dijo que “es emocionante escuchar al presidente Santos y a Timochenko hablar de consensos, de cómo reparar y restituir a cada una de las víctimas”, mientras que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que “lo que hace el presidente Santos con los comandantes de las Farc es quizás instaurar una era de paz, pero es como el cascarón de un huevo. El contenido va a depender de que realmente en Colombia se construya justicia social. Lo que está por delante es lo más difícil y no es cómo se firma un acuerdo entre armados, sino cómo los desarmados logran construir una Colombia más justa”.

Luego de que el Gobierno y las Farc anunciaran este miércoles desde La Habana el acuerdo alcanzado en materia de justicia transicional, el ex presidente y senador Álvaro Uribe expresó “sus preocupaciones” respecto a lo acordado y criticó que los guerrilleros no paguen penas privativas de la libertad en centros carcelarios.

Según el congresista, el Gobierno ha aceptado que “delincuentes responsables de atrocidades” no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales. Y pese a que para los cabecillas confesos se mencionan trabajos sociales y restricciones de libertades,no se indica cárcel.

 

“Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la no repetición”, aseguró Uribe.

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Por otro lado, el ex presidente arremetió contra lo que calificó la “igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo”, al advertir que con este acuerdo todos los soldados y policías “quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel”.

“El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las Fuerzas Armadas, que han sido respetuosas de la democracia y no sustentadoras de dictaduras como en otros países. Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales”, agregó el senador.

En esa línea, Uribe manifestó además que el acuerdo iguala a la sociedad civil con el terrorismo, ya que –según el expresidente– cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de “tener que aceptar un delito que no cometió”como condición para no ser condenado a la cárcel.

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“El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana, en este acuerdo convertida en victimaria, cuando durante 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narco terrorista”, precisó.

Por último, el ex presidente señaló que el acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político: “el acuerdo no es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político”.