Suárez entre la Pobreza, la contaminación y abandono.

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En el municipio de Suárez como en gran parte del país, la minería a gran escala ha dejado grandes secuelas irremediables en el medio ambiente, dejando a la comunidad en la miseria y con los recursos naturales de la región a punto de extinguirse.

El oro que hoy se encuentra en el subsuelo del municipio de Suárez  ha generado que varios grupos armados que se encontraban en otras regiones del país lleguen para apropiarse del negocio  de la minería ilegal. Hoy la comunidad debe soportar las amenazas de los militantes de estos grupos al margen de la ley, lo que ha generado que sus actividades de pesca y agricultura se hagan prácticamente imposibles de realizar

Llenas de valor y con un dolor inmenso por lo que ocurre hoy en sus territorios, las mujeres  del municipio de Suárez un grupo de mujeres afrodescendientes llegaron hasta  Bogotá con el firme propósito de exigirle al gobierno nacional  que suspenda la explotación minera en la región, pues el impacto ambiental es devastador y sus comunidades se encuentran gravemente afectadas por esta situación.

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Tras varios días de protestas frente al Ministerio del Interior  y de sostener un extenso diálogo con el Gobierno Nacional,  se llegó a un primer acuerdo donde se pactó la creación de  una subcomisión que aborde específicamente  las solicitudes de acción inmediata del Estado frente a la minería ilegal.

El gobierno nacional se comprometió a adelantar acciones que erradiquen la minería ilegal en el Cauca, sin embargo también es necesario que tome acciones sobre las grandes multinacionales que operan en el sector.

Pese a este significativo  avance las mujeres del Cauca  siguen Bogotá esperando del gobierno nacional la promulgación de las primeras  medidas que posibiliten la erradicación  la minería ilegal en el  departamento y  la reparación social y ambiental de las comunidades y los territorios.

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El Movimiento Cimarrón exigió a través de estas mujeres al   gobierno nacional la formulación de una política pública especial a favor de los derechos mineros y ambientales de las comunidades Afrocolombianas, quienes  históricamente se han dedicado a la explotación minera,   explotadas primero por los españoles y ahora  por los empresarios mafiosos y los grupos armados al margen de la ley. El Gobierno debe entregar en concesión el subsuelo, con recursos mineros,  a las comunidades organizadas y apoyarlas con los recursos económicos y técnicos que generen emprendimiento empresarial y explotaciones sostenibles y responsables con el medio ambiente.

Hay un factor, además, que habría que tenerse en cuenta cuando se analiza toda la problemática que gira en torno a la minería: la violencia. Es constante la aparición de grupos al margen de la ley que quieren adueñarse de la producción.

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Ese el caso del oro que, en ocho departamentos, “ha superado al narcotráfico como la principal fuente de financiación de las bandas ilegales”.  Agrega un informe  sobre la minería ilegal presentado  por la Universidad  Nacional que “minerales preciosos como el tungsteno y el coltán, ahora son extraídos por las Farc”.

El panorama ha ocasionado un crimen organizado que, solo en minería ilegal, podría lavar anualmente hasta $10 billones. De hecho, “entre 2003 y 2014 se reportaron 93 toneladas de exportaciones de oro por encima de la cantidad de lo que se registró como producido”.