ASEGURADO ASESOR DE ASUNTOS ÉTNICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

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En audiencia de legalización de captura ordenada por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán, fue privado de su libertad por los presuntos delitos de “celebración de contratos sin requerimientos legales” (contrato 044 de 2011, prestación de servicios profesionales, para una interventoría, por 20 millones de pesos), “peculado por apropiación” y “prevaricato por omisión”, el ex alcalde  de Villarica  Arie Aragón , actual asesor en asuntos étnicos de la Gobernación del Cauca y presidente de la Unidad de Organización Afrocaucana, Uafroc quien  fue trasladado  por el Inpec a la cárcel del Circuito de Puerto Tejada, pero ante la falta de cupo debió ser ingresado a  la Penitencería de San Isidro en la vereda de las Guacas de la capital  caucana.

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El Juzgado de Garantías competente le dictó al funcionario medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario, decisión que también afecta al ex funcionario de la oficina de Planeación Municipal, arquitecto Héctor Fabio Escobar Machado y al contratista John Escobar Segura.

Según la Fiscalía, el ex mandatario habría firmado un convenio de asociación en el año 2011 entre  el Municipio de Villarica con la Fundación Ecológica Habitat Natural para lo cual se requería un proceso de selección. Dicho convenio se firmó para la construcción de La Casa del Anciano, por un valor de seis millones de pesos ($6′.000.000), obra que nunca se ejecutó.

En la audiencia, la Fiscalía formuló cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, cargos que no fueron aceptados por el hoy procesado, quien es uno de los más connotados y visibles dirigentes de las  comunidades  Afros del Norte Caucano.

En Villarica se anunció una marcha y platón para solidarizarse con el ex mandatario local  y el Movimiento Social Todos y Todas por Villarica» al cual hace parte el Alcalde asegurado, en comunicado a  la opinión pública considera esta detención como el resultado de una «persecución netamente política adelantada por el actual mandatario James Guillermo Mina Ballesteros».