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Desde el 17 de marzo de 2026, el departamento del Chocó, particularmente en la subregión del Bajo Baudó, enfrenta un paro armado indefinido impuesto por el Frente de Guerra Occidental del ELN.
Esta situación ha generado una grave crisis humanitaria que, hasta hoy 21 de marzo, afecta a más de 6.800 personas (unas 1.400 familias) pertenecientes a 26 comunidades.
La Gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba Curi ha confirmado que las comunidades permanecen encerradas debido a la prohibición de movilidad impuesta por el grupo armado, lo que impide actividades cotidianas y de subsistencia.
Se reporta también por los alcaldes de los municipios afectados una escasez crítica de alimentos y agua potable. La falta de acceso a “pancoger” (cultivos de subsistencia) ha provocado casos de desnutrición infantil y enfermedades.
El transporte fluvial está paralizado, bloqueando el traslado de enfermos y la llegada de insumos médicos e igualmente se ha denunciado que este primer paro del grupo insurgente del ELN en esta subregión Chocoana que tiene dominio sobre la zona podría conllevar riesgos adicionales sobre posibles incursiones de disidencias de las Farc en la zona, lo que podría agravar los enfrentamientos en la región tradicionalmente olvidada por los gobiernos y el Estado Colombiano.
Desde el gobierno seccional se han movilizado aproximadamente 18 toneladas de asistencia para intentar mitigar la falta de suministros en el municipio.
Por su parte la Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, mantiene presencia en la zona para intentar restablecer el orden y la seguridad en los corredores fluviales.
El Ministro de Defensa Pedro Sánchez rechazó el paro y ofreció recompensas por los cabecillas responsables (como alias “Genaro”) y ordenó el inmediato despliegue de la “fuerza legítima” con todas su capacidades para contrarrestar el constreñimiento ilegal , así como capturar o neutralizar los integrantes del ELN que intimidan a la población.
Ante la crítica situación de orden público que se vive en zonas como Belén de Bajirá, Riosucio, Bahía Solano, Carmen del Darién y Bojayá, el comandante de la Séptima División, general Jorge Salgado, dirigirá el movimiento de más tropas con 4000 unidades sobre la región del Atrato y ya ordenó la ubicación en puntos estratégicos para evitar que grupos armados ilegales establezcan corredores de movilidad en las áreas afectadas. Para esto también se anunció el respaldo de la Fuerza Aérea, CTI de la Fiscalía y la Policía, para que, como dicen el Ejército, “se continúe afectando las estructuras logísticas, criminales y financieras de los diferentes grupos armados ilegales que allí delinquen”.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que este paro contradice la prórroga del cese al fuego bilateral que se había anunciado previamente en el marco de los diálogos de paz.
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