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El presidente Gustavo Petro Urrego ha dado la instrucción formal de liquidar todas las EPS intervenidas que se encuentren en estado de quiebra. Esta decisión surge tras el hundimiento de la reforma a la salud y el reciente fallo judicial que suspendió el decreto 182 de 2026, el cual permitía el traslado masivo de usuarios.
El mandatario argumenta que no hay alternativas financieras viables, citando que el modelo de aseguramiento actual ha fracasado y que el Gobierno no pagará los 50 billones de pesos en deudas acumuladas por estas entidades.
Se estima que la medida afectará a cerca de 12 a 23 millones de afiliados que deberán ser reubicados en otras entidades prestadoras de salud.
La Nueva EPS es la única entidad intervenida que, por ahora, se mantendría operativa para recibir a los pacientes de las liquidadas.
De acuerdo con las directrices presidenciales, las entidades que entrarían en este proceso son aquellas que actualmente están bajo control de la Superintendencia de Salud y presentan inviabilidad financiera: Asmet Salud (1,8 millones de usuarios), Emssanar (1,7 millones de afiliados), Savia Salud (1,6 millones de afiliados), Servicio Occidental de Salud (750.000 afiliados) y Capresoca (170.000 afiliados)
Esta orden anunciada en un Consejo de Ministros ha generado una fuerte controversia en el sector salud, con advertencias de gremios como ACEMI sobre el riesgo que implica para la continuidad de tratamientos y la estabilidad de clínicas y hospitales.
En la sesión, ordenó a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, proceder con la liquidación inmediata de las EPS que han sido declaradas en quiebra, al tiempo que se trasladarán todos los afiliados a la Nueva EPS.
Entre las promotoras con mayor riesgo se encontraría la propia Nueva EPS que, además de sumar unos 11 millones de usuarios, ya acumula una deuda superior a los 21 billones de pesos entre 2022 y 2025.
A marzo de 2026, la Nueva EPS enfrenta una crisis jurídica sin precedentes, acumulando más de 120,000 tutelas sin respuesta.
Sin embargo, el presidente aseguró que al ser propiedad del Estado en un 50%, tendría que responsabilizarse de la deuda al menos 10 billones de pesos con recursos públicos.
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