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A partir de los acontecimientos de principios de 2026, Estados Unidos ha ejecutado una intervención militar y política directa sobre Venezuela, marcada por la captura de Nicolás Maduro y una ofensiva aérea a gran escala, doblegando las autoridades e iniciando a menos de dos meses de su violenta intervención que dejó 80 muertos entre ellos 32 cubanos un pleno control de su vida política y gubernamental.
El 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó un ataque aéreo que impactó diversas regiones de Venezuela y puntos estratégicos militares que finalizó con la captura del presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores.
Maduro y su esposa se encuentran actualmente bajo custodia federal en Estados Unidos, enfrentando juicios por cargos que incluyen narcotráfico y violaciones a los derechos humanos que incluye varios crímenes.
Al asumir el control político Trump ha manifestado que EE. UU. mantendrá el la dirección del país hasta que se establezca una transición formal.
Se ha mencionado a Delcy Rodríguez como una figura clave para trabajar como la mejor aliada en este proceso de transición bajo la influencia estadounidense, obligándola a iniciar junto a su hermano Jorge Rodríguez que ejerce control sobre el poder legislativo varias acciones y leyes como la que permite la excarcelación y amnistía a los miles de presos políticos, así como el progresivo cierre del Helicoide centro penitenciario señalado de la violación de derechos humanos y torturas.
El gobierno estadounidense ha congelado cerca de 900 millones de dólares vinculados al régimen de Maduro para proteger estos activos durante la crisis. Además, se han reportado bloqueos que impiden al exmandatario pagar su defensa legal en Nueva York.
El 25 de febrero de 2026, Tarek William Saab presentó su renuncia como Fiscal General de Venezuela ante la Asamblea Nacional. Su salida ocurre en un contexto de transición política y la implementación de una Ley de Amnistía para presos políticos exigida por el gobierno Trump, bajo las estrategias del Secretario de Estado Marco Rubio.
La Asamblea Nacional juramentó a Larry Devoe como el nuevo Fiscal General de la República (encargado). Tras su renuncia a la fiscalía, Tarek William Saab fue designado como Defensor del Pueblo (encargado), sustituyendo a Alfredo Ruiz, quien también renunció a su cargo.
Con estas exigencias expertos señalan que en el fondo uno de los objetivos centrales de Trump es asegurar el control absoluto sobre el petróleo venezolano y anular contratos previos con potencias como China y Rusia.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la OEA han sido escenarios de debate donde se ha cuestionado la legalidad de la agresión según el derecho internacional, sin embargo ha hecho caso omiso y por el contrario señaló que Venezuela está bajo su poder y que prepara la apertura de las sedes diplomáticos , creando el marco para que se realicen multimillonarias inversiones de compañías Norteamericanas a fin de reactivar el sector petrolero y minero, así como la reconstrucción de la infraestructura vial ,el sector turístico y la agricultura.
Organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional calificó en su momento el ataque e intervención sobre la política, el gobierno y la vida de los venezolanos como un uso ilegal de la fuerza que amenaza el orden internacional basado en normas.
Aliados estratégicos de Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro como Rusia y China han criticado duramente las acciones de Washington, calificándolas de agresión y expresando preocupación por sus inversiones y alianzas en la región.
Se estima que la deuda pendiente asciende a aproximadamente 20,000 millones de dólares. Desde 2005, el país asiático ha otorgado financiamiento a Venezuela por un total que supera los 60,000 millones de dólares, consolidándose como su mayor acreedor individual. Gran parte de estos préstamos se han cancelado mediante el envío de crudo, pero el colapso económico y las recientes tensiones geopolíticas han dificultado el cumplimiento de los pagos restantes.
De otra parte la deuda bilateral directa con el gobierno ruso se sitúa en torno a los 3,500 millones de dólares. A esta cifra se deben sumar los compromisos con empresas estatales como Rosneft (u operadoras sucesoras), que en años anteriores otorgaron créditos y adelantos por petróleo estimados entre 4,000 y 5,000 millones de dólares.
Venezuela se encuentra en una situación de default (impago) con la mayoría de sus acreedores comerciales, lo que complica la reestructuración de estos montos.
Tanto China como Rusia mantuvieron estos vínculos no solo por el retorno financiero, sino también por el acceso estratégico a las mayores reservas de petróleo del mundo y su influencia en la región, que hoy están en poder de los Estados Unidos, bajo un régimen de izquierda del llamado Socialismo Bolivariano totalmente fracasado que obligó salir de ese país a más de 9 millones de ciudadanos.
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