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El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0182 de 2026, el cual ordena la redistribución y el traslado masivo de más de 6.6 millones de afiliados entre diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Esta medida busca reorganizar el sistema bajo un modelo de territorialización, priorizando la cercanía de los usuarios a su lugar de residencia.
Se estima que la Nueva EPS (actualmente intervenida) recibirá a cerca de 3.1 millones de usuarios, a pesar de las advertencias sobre su crisis operativa y financiera con más de 15 mil quejas. Otros 290,000 afiliados pasarían a Savia Salud y más de 533,000 a SOS.
La reasignación de usuarios por parte del Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) debe realizarse en un plazo de cinco días hábiles a partir del 26 de febrero de 2026. Posteriormente, las EPS receptoras tendrán 15 días para formalizar el proceso.
Las EPS de las cuales se trasladarán usuarios o que presentan procesos de retiro parcial/total son:
EPS Sanitas: Gran parte de sus afiliados serán redistribuidos bajo el nuevo decreto.
Sura: Incluida en la lista de entidades cuyos usuarios se verán afectados por el cambio de aseguradora.
Salud Total: Sus afiliados también forman parte del grupo que será enviado a otras entidades.
Famisanar: Presenta una pérdida significativa de afiliados debido a la intervención y el ajuste del sistema.
Compensar EPS: Ya ha iniciado traslados tras suspender su operación en 10 departamentos (manteniéndose solo en Bogotá y Cundinamarca), enviando usuarios a Sanitas y Nueva EPS.
Otras con baja calificación: Entidades como Cajacopi, Coosalud y Asmet Salud también verán cambios en su base de datos de afiliados por sostenibilidad operativa.
El objetivo oficial según el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo de la medida es garantizar la continuidad del servicio y generar economías de escala, limitando la operación de las EPS a territorios específicos donde tengan capacidad real de atención.
Gremios como ACEMI han advertido que estos traslados masivos podrían profundizar la crisis operativa y poner en riesgo la atención de pacientes crónicos o con enfermedades de alto costo.
Actualmente, el Consejo de Estado analiza la legalidad del decreto ante posibles vicios de constitucionalidad.
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