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El Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el decreto que establece aranceles recíprocos del 30% sobre más de 70 productos ecuatorianos. La medida afecta bienes como azúcar, frutas, cacao en polvo, aguacate Hass, plátanos, frijol y diversos artículos industriales.
El decreto 0170 de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio, también restringe el ingreso terrestre de productos como arroz, pescado y camarones, concentrándose en los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.
Otros productos del vecino país que tendrán arancel serán grasas y aceites, tomate, cebolla, papa, coco, maracuyá, banano bocadillo, calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural, grasas y aceites de pescado, etanol, aguardientes desnaturalizados, insecticidas, fungicidas, desinfectantes y tubos.
La medida colombiana responde a los aranceles que previamente aplicó el gobierno de Daniel Noboa a productos colombianos.
El mandatario ecuatoriano justificó sus medidas argumentando falta de cooperación en la frontera para combatir bandas criminales las cuales ejercen un pleno control territorial y garantizar seguridad en los pasos fronterizos.
Además, Noboa destacó el persistente desequilibrio comercial, ya que afirmó que el déficit de Ecuador frente a Colombia supera los 1.000 millones de dólares anuales.
Antes de expedir su decreto, Colombia presentó una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en protesta por los aranceles ecuatorianos, buscando respaldar la legalidad de su respuesta comercial.
Una de las demandas fue admitida por la Comunidad Andina (CAN), que abrió una investigación para determinar si la acción de Ecuador vulnera las normas comerciales del bloque regional.
“La solicitud presentada cumple con los requisitos previstos en el artículo 47 de la Decisión 425; en consecuencia, y de conformidad con el artículo 49 de esa norma comunitaria, se dispone su admisión a trámite y el inicio del procedimiento de investigación contemplado en dicha decisión”, señaló la CAN.
Como respuesta, el Gobierno de Ecuador también presentó tres reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina “por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional”.
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