3224 vistas
El gobierno que lidera el presidente Gustavo Petro Urrego ha reaccionado con fuertes críticas a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, el cual fijaba un incremento del 23% para el salario mínimo de 2026.
El presidente Petro afirmó que la suspensión pone en riesgo la Constitución y el poder adquisitivo de los trabajadores, insistiendo en que el “salario vital” es un mandato constitucional.
El mandatario invitó al “pueblo trabajador” a manifestarse públicamente en contra de la medida judicial, agitando el discurso de un “bloqueo institucional” de la ultra derecha colombiana contra su gestión en favor de las clases trabajadoras.
Petro Urrego instruyó al Ministerio de Trabajo para convocar una reunión inmediata para establecer mesas de concertación con el fin de definir un nuevo marco jurídico basado en estudios económicos que respalden el incremento.
A pesar del fallo, el presidente exigió a las empresas respetar el valor decretado originalmente ($1.750.905 COP), bajo el argumento de que el derecho al salario digno se mantiene vigente.
El Gobierno ha advertido que revertir el aumento podría frenar el consumo y empujar la economía hacia una recesión, además de generar mayor tensión social.
Por ahora la medida cautelar obliga al Gobierno Nacional a expedir un nuevo acto administrativo que fije un salario mínimo basado en variables económicas ajustadas a la ley.
Mientras tanto, el presidente Petro ha instado a las empresas a respetar el valor inicialmente fijado, asegurando que el incremento “se mantiene” en la práctica política de su administración.
Por su parte el Ministro del Interior Armando Benedetti, afirmó que se trata de una “decisión política” influenciada por las élites y el resto de las altas cortes que no desean ayudar a los sectores vulnerables, siempre contra el pueblo y la clase trabajadora.
La suspensión es una medida cautelar mientras el tribunal resuelve las demandas que alegan falta de justificación económica y riesgos de déficit fiscal cercanos a los $13,4 billones. Por ahora, los pagos ya realizados no se ven afectados, pero existe incertidumbre sobre la liquidación de las próximas quincenas. 
“Lo advertimos: las decisiones que impactan empleo inflación y estabilidad empresarial deben tener sustento técnico y diálogo real”, señaló sobre el tema el senador Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, del Partido Conservador.
El senador Caucano Ferney Silva Idrobo, del Pacto Histórico dijo : “Como senador y defensor de los trabajadores, rechazo la suspensión provisional del salario mínimo vital por el Consejo de Estado. El Decreto 1469/2025, que llevó el salario a $1.750.905 + auxilio de transporte que lo dejaba en $2.000.000, es un avance histórico hacia la dignidad laboral consagrada en la Constitución (art. 53) y la OIT. No es un lujo: es justicia para millones de familias que apenas sobreviven. Esta medida cautelar beneficia a gremios que resisten el cambio, pero castiga a los más vulnerables. Exijo al Gobierno expedir rápido el decreto transitorio manteniendo el espíritu del salario vital. ¡El salario mínimo vital no se toca! ¡Por una Colombia digna y equitativa!”.
Entre tanto la senadora Paloma Valencia y candidata presidencial del Centro Democrático se pronunció a favor de mantener el aumento decretado por el gobierno de Gustavo Petro : “Le exigimos al gobierno que presente ya las modificaciones al salario mínimo que exige el Consejo de Estado, porque no podemos permitir que la ilusión de miles y millones de colombianos de tener mejores salarios vaya a terminar nula. Claro que entendemos el sufrimiento de muchos y sobre todo pequeños empresarios que hoy se sienten agobiados con las alzas del salario…” y agregó: “Nosotros queremos más salario para los trabajadores y menos impuestos para los empresarios. Esa es la manera como construimos la economía fraterna, donde a todos les va bien, a los empresarios, a los trabajadores, a los informales, aquellos que tienen un negocio y son emprendedores, porque Colombia puede salir unida hacia adelante”.
El senador del Partido Comunes, Omar de Jesús Restrepo Correa destacó que “Es indignante que el Consejo de Estado ataque de nuevo. Al suspender el salario mínimo vital confirman que solo defienden a las élites oligárquicas y contra la dignidad de la gente de a pie. No nos vamos a quedar cruzados de brazos. Nos vemos en las calles”.
En tanto la senadora del mismo partido Sandra Ramírez Lobo Silva, viuda del extinto Manuel Marulanda Vélez “Tirofijo” señaló: “Un Magistrado del Consejo de Estado, que se gana más de $60 millones al mes, decidió que $2 millones de pesos de Salario Mínimo es mucha plata para la clase trabajadora de nuestro país. Premiaron a la oligarquía explotadora, al gran empresario y como siempre JODIERON al pueblo. NEFASTO”.
Debe estar conectado para enviar un comentario.