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El corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, al sur del Cauca atraviesa actualmente una de sus crisis más agudas debido a la intensificación de ataques armados y el deterioro del orden público.
Este 27 de enero de 2026 se ha registrado un nuevo violento ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones cerca de la estación de Policía. El atentado dejó un muerto identificado como Santiago González Chiquito, de 22 años de edad y al menos 15 heridos, incluyendo una niña de ocho años en estado grave.
Las autoridades han reportado enfrentamientos constantes entre la comunidad y la Fuerza Pública. Las autoridades señalan que grupos ilegales estarían instrumentalizando a la población para generar disturbios y atacar a los uniformados con bombas molotov y pirotecnia casera.
En tanto se continúa investigando el ataque con drones que dejó como saldo una persona muerta y 11 heridas, en medio de un complejo escenario de orden público marcado por los combates entre las autoridades y las disidencias de las Farc.
La Fuerza Pública fortaleció su presencia en la zona con dos bases policiales que albergan un total de 260 uniformados
La secretaria de Gobierno de Cauca, Maribel Perafán Gallardo, explicó que los hechos fueron analizados en el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se ha venido haciendo seguimiento permanente de la situación en el corregimiento. Según indicó, la situación de seguridad en El Plateado se ha deteriorado desde la llegada de la operación Perseo, desplegada por el Ejército para retomar el control de un territorio que, durante años, ha estado bajo influencia de estructuras armadas de las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”.
Esta situación además ha generado una crisis educativa pues el inicio del año escolar ha sido frenado por el confinamiento y la violencia. Grupos armados han sido denunciados por utilizar instituciones educativas como talleres para la fabricación de explosivos.
En la zona delinquen abiertamente principalmente las disidencias de las Farc (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia) y el ELN, quienes sostienen una lucha por las economías Ilegales, generando la disputa territorial que se centra en el control del narcotráfico y la extracción ilegal de minerales, de los que viven el 90 por ciento de su población factores que alimentan el conflicto persistente en el Cañón del Micay.
La Defensoría del Pueblo por su pate ha calificado la situación como “verdaderamente grave”, citando desplazamientos forzados, confinamientos y el riesgo inminente para líderes sociales y poblaciones vulnerables.
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