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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este 21 de enero de 2026 la imposición de un arancel del 30% (denominado como “tasa de seguridad”) a las importaciones provenientes de Colombia.
La medida según el mandatario Ecuatoriano entrará en pleno vigor el 1 de febrero de 2026 y argumenta una “absoluta falta de cooperación y compromiso por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común”.
Noboa también justificó la medida debido a un notable déficit comercial con el país vecino y el impacto se espera afecte productos colombianos clave como medicinas, productos de limpieza y energía eléctrica.
En reacción el gobierno colombiano ya ha manifestado su rechazo a la medida, llegando incluso a desmontar resoluciones previas sobre ventas de energía como respuesta inicial.
Esta decisión genera tensión en el marco de la Comunidad Andina (CAN), que tradicionalmente garantiza el libre intercambio comercial entre ambos países.
El mandatario Ecuatoriano, quien en 2024 declaró una guerra al narcotráfico, señaló que la medida arancelaria “se mantendrá hasta que exista un compromiso serio y real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.
A enero de 2026, el narcotráfico en Ecuador se ha consolidado como la principal amenaza a la seguridad nacional y principal fuente económica, transformando al país en un nodo logístico crítico para el tráfico global de cocaína.
Se estima que por Ecuador circula más del 70% de la droga producida en Colombia. Además, el 70% de la droga que llega a la Unión Europea se despacha desde puertos ecuatorianos, principalmente Guayaquil.
El narcotráfico y actividades ilícitas asociadas generan aproximadamente 2,200 millones de dólares anuales, lo que representa el 2.81% del PIB del país.
Esta situación ha generado un notable incremento de la violencia y varias regiones están en poder de las bandas criminales e incluso se delinque desde las cárceles. Pues, la tasa de criminalidad sigue niveles alarmantes. En 2025 se registraron más de 8,300 homicidios intencionales, y proyecciones de organismos internacionales sugieren que la violencia podría escalar aún más durante 2026 por el crecimiento del narcotráfico y economías ilegales.
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