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La Federación de gobernadores en Colombia originalmente 17, con reportes que ascienden hasta los 32 se ha declarado en rebelión contra el Decreto 1474 de 2025, emitido bajo el marco de una emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro Urrego.
Los mandatarios regionales, liderados inicialmente por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunciaron que no recaudarán los nuevos impuestos a licores y cigarrillos establecidos en el decreto.
Los gobernadores incluyendo los más “Petristas” como Nariño, Cauca y Boyacá, están invocando la “excepción de inconstitucionalidad”, argumentando que el decreto vulnera la autonomía regional y la separación de poderes. Afirman que no implementarán las medidas hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo.
En departamentos como Antioquia, se estima que las medidas de emergencia y el incremento del salario mínimo tendrían un impacto fiscal negativo de más de $1.5 billones.
En respuesta ante esta posición radical de los mandatarios seccionales el Gobierno Nacional, a través del Ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, anunció la preparación de demandas y acciones legales inmediatas contra los gobernadores que no acaten la norma que fue firmada por el Jefe del Estado y todos los ministros.
Por su parte el ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que los mandatarios podrían incurrir en delitos como prevaricato y usurpación de funciones, y que podrían responder incluso con su patrimonio personal si no acatan el decreto con fuerza de Ley .
Ante el malestar generado entre los gobernadores,el Ministerio de Hacienda ha convocado a los mandatarios seccionales para intentar llegar a un acuerdo y evitar un bloqueo administrativo total.
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