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En los primeros 15 días del 2026, la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande de Colombia con más de 11 millones de afiliados, atraviesa una crisis operativa y financiera crítica bajo la intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, pero no hay quien responda por el caos y desatención de miles de pacientes que con angustia no encuentran soluciones a la vista para sus enfermedades y necesidades médicas y hospitalarias.
Desde el 1 de enero de 2026, importantes gestores farmacéuticos como Colsubsidio y Medicarte suspendieron la entrega de medicamentos ambulatorios debido a deudas acumuladas y la terminación de contratos. Esto ha generado largas filas y barreras de acceso para pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.
Actualmente la aseguradora presenta un déficit financiero histórico, las deudas de la entidad superarían los $21 billones de pesos. Aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego a través del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo sostiene que gran parte de esta deuda proviene de “facturas ocultas” de administraciones anteriores, gremios y entes de control como la Procuraduría y Contraloría señalan que la situación ha empeorado durante la intervención ordenada por el actual gobierno nacional.
La crisis ha generado notables restricciones en la red hospitalaria pues diversos hospitales y clínicas en el país han anunciado el cierre de servicios para afiliados de la Nueva EPS a partir de 2026 debido a la falta de pago por parte de la aseguradora como ocurrió con el Hospital Universitario San José de Popayán,
Por ahora tan solo la Superintendencia de Salud prorrogó la medida de intervención administrativa hasta 2026 para intentar estabilizar la operación. Luis Óscar Galves fue posesionado a finales de 2025 como el nuevo agente interventor para liderar este proceso que no ha dado resultados positivos y todo lo contrario crecen el malestar y descontento general.
A pesar de los graves problemas con medicamentos, la Nueva EPS intenta mantener formalmente su red de atención para urgencias, hospitalizaciones y cirugías ya programadas, aunque varias IPS y Hospitales del país han anunciado la suspensión de los mismos
Ante las constantes fallas en el servicio denunciados en varias ciudades, los usuarios siguen acudiendo a la Superintendencia Nacional de Salud e instancias judiciales para interponer quejas o solicitar la garantía de sus derechos, mediante tutelas, pero nadie responde y todos se lavan las manos, en tanto miles de pacientes crónicos están al borde de la muerte.
Por ejemplo, quince hospitales que integran la red pública del departamento de Risaralda anunciaron la suspensión de servicios a Nueva EPS, Asmet Salud y Pijao Salud, debido al incumplimiento reiterado en el pago de la cartera vencida.
La medida entrará en vigencia a partir del 16 de enero, si no se registran pagos efectivos y totales antes de esa fecha.
Según los voceros de las Empresas Sociales del Estado (ESE), las tres EPS adeudan en conjunto más de $116 mil millones, situación que ha puesto en serio riesgo la sostenibilidad financiera de la red hospitalaria y la continuidad de varios servicios.
La directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (AIsalud), Olga Lucía Zuluaga, explicó que la decisión se tomó tras varios meses de compromisos incumplidos ,“mamadera de gallo” y falta de respuestas concretas por parte de las entidades aseguradoras.
La salud no puede seguir siendo víctima de la improvisación y el desorden del Gobierno Nacional.
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