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El presidente Gustavo Petro Urrego ha ordenado al ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez el inmediato despliegue de fuerzas militares en la frontera con Venezuela este 3 de enero de 2026 a fin de prevenir consecuencias por la captura de su homólogo venezolano mediante un ataque militar de Estados Unidos en Caracas y el arresto de Nicolás Maduro Moro.
El Gobierno colombiano ha desplegado aproximadamente 11,000 nuevos militares en puntos estratégicos de la frontera. Previamente, desde finales de 2025, ya se mantenía una presencia de unos 25,000 soldados en la zona del Catatumbo para combatir el narcotráfico y los grupos ilegales.
El gobierno Petro dispuso además la activación de planes de emergencia como el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta y un plan operacional especial para gestionar los posibles efectos de la crisis en el país vecino.
Petro anunció que entre los motivos de la orden perentoria de militarizar la frontera está el de la seguridad nacional protegiendo la soberanía ante la inestabilidad en Venezuela y los ataques aéreos con bombardeos reportados en Caracas.
Otro de los argumentos está radicado en la crisis humanitaria que podría generarse y prepararse para un posible flujo masivo de personas y el impacto en poblaciones fronterizas.
Otra de las razones para asumir esta posición es la de controlar los grupos armados que dominan la zona fronteriza evitando que el ELN y otras mafias aprovechen el vacío de poder en la frontera.
La posición diplomática de Gustavo Petro ante la captura de Nicolás Petro ha sido la de rechazar con contundencia la intervención militar extranjera, calificando los bombardeos para capturar a Maduro “como ilegítimos y solicitando reuniones urgentes con la OEA y la ONU para abordar la delicada situación”.
Esta movilización coincide con una reciente reestructuración de la cúpula militar colombiana realizada a finales de diciembre de 2025 para enfrentar los desafíos de seguridad proyectados para 2026.
De otra parte el Ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el Gobierno Nacional prepara una nueva declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, que permita contar con los recursos frescos y necesarios que demanda la situación crítica de la frontera con Venezuela, motivada por los efectos migratorios y de seguridad tras la reciente captura de Nicolás Maduro.
Esta nueva solicitud se suma a un decreto de emergencia económica general que ya había sido firmado por el gabinete el 20 de diciembre de 2025. Aquel decreto inicial buscaba recaudar 16 billones de pesos para el presupuesto de 2026 tras el hundimiento de la ley de financiamiento.
La caída de Maduro ocurre en un momento políticamente crítico para Colombia. A cinco meses de las elecciones presidenciales, el impacto geopolítico de esta operación es demoledor para sectores del oficialismo que defendieron y defienden una política de apaciguamiento frente al régimen venezolano.
Con la retaguardia venezolana eliminada, las disidencias de las Farc, el Eln y otras bandas criminales deberían perder un refugio vital. La presión ciudadana para que se restablezca el control territorial sobre las regiones hoy dominadas por el crimen aumentará. En este nuevo escenario, la seguridad vuelve al centro del debate político.
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