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Concluida la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en la que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves, se realizó su procedimiento de captura.
Bonilla siguió la audiencia de manera presencial en las instalaciones de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, en el barrio Salitre, en el occidente de Bogotá. Hasta allí llegaron miembros del CTI y de la Policía Judicial para proceder con su detención, esposándolo.
En el caso de Velasco Chaves, ex alcalde de Popayán , ex congresista y el político de mayor importancia, influencia y poderío político en el Cauca y el gobierno nacional, quien se conectó a través de Zoom desde su casa, en Cali, tras intervenir en la audiencia y negar los cargos, se entregó a las autoridades al filo de las 11:00 p.m.
La Fiscalía y la ponencia de la magistrada Aura Alexandra Rosero ubicaron a los ex funcionarios del presidente Gustavo Petro como las cabezas de un entramado criminal con el que, de manera ilegal, se habría negociado el direccionamiento de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del Invías, a cambio de su voto favorable a las iniciativas del Gobierno que se tramitaban en el Congreso, como las reformas sociales y los proyectos de las comisiones económicas.
Uno de los argumentos del Tribunal para enviarlos a prisión fue la posibilidad de que el entramado corrupto se perpetuara y que los imputados, “son un verdadero peligro para la sociedad y que podrían interferir en la investigación por corrupción en la UNGRD” . La magistrada ponente, Aura Alexandra Rosero explicó que la decisión de ordenar el aseguramiento de los ex ministro en centro carcelario no se sustentaba en una fuga inminente, si no en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continúen las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no impiden el desplazamiento internacional de los imputados.
Por eso, a pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría habían pedido detención domiciliaria dadas las calidades de los ex funcionarios, en un hecho inédito y no exento de polémicas en el mundo judicial, la magistrada decidió imponer una sanción más alta de la sugerida y ordenar su reclusión inmediata en establecimiento carcelario. La Procuraduría pidió reconsiderar esta medida para el caso de Ricardo Bonilla, quien, con 76 años, es un adulto mayor.
La defensa apeló la decisión y el expediente pasará a manos de otra Sala del Tribunal de Bogotá que decidirá si revoca o deja en firme la medida de aseguramiento proferida. Por la vacancia judicial, que inicia este viernes 19 de diciembre, el fallo se conocería hasta enero.
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