Esta pregunta se responde con las caras de las victimas de la barbarie, Las amenazas contra líderes sociales en el Norte del Cauca persisten y han mostrado un incremento en el número de asesinatos en 2025 en comparación con el año anterior.
Según informes de diversas organizaciones. Como Indepaz, la situación humanitaria en general se ha agravado, afectando gravemente a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes especialmente en el Cauca y Caqueta.
En los últimos días se ha conocido un nuevo caso ocurrido en el corregimiento de El Palo de Caloto en contra dos líderes sociales identificados como Juan Sebastián Mancilla Lucumí y Jhon Janner Hurtado quienes hacen parte de la organización socio-ambiental Asociación Juvenil Libertad y que vienen trabajando en la prevención para evitar el crimen de guerra contenido en la legislación nacional y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como lo constituye el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región.
Los líderes quienes adelantaban capacitaciones y talleres de energías renovables, mantenimiento electrónico y emprendimientos para la industrialización del campo en los municipios de Santander de Quilichao, Guachené y Caloto.
Las victimas como caras de este flagelo denuncian que el pasado 12 de septiembre hombres armados en un retén ilegal en la vía que de Guachené conduce a Caloto fueron abordados con la advertencia que debían abandonar las actividades que adelantan con las comunidades y que no abogaran por el desplazamiento y reclutamiento forzado, pues “era algo que no nos imcubía”, relató Jhon Janner Hurtado, pues en su opinión “A los menores reclutados por los grupos ilegales se les anula su dignidad y garantías fundamentales, al obligarlos a participar en conflictos armados, en los que son los blancos más fáciles de los enfrentamientos”.
Más recientemente el pasado 20 de noviembre fueron amenazados nuevamente en represalia por el rescate de dos jóvenes trasladados en compañía de la Defensa Civil hasta el casco urbano, que el Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, tenía en su poder.
A raíz de este suceso fueron objeto de un atentado como armas de fuego que dispararon contra la conocida Casa Agroindustrial, afortunadamente se lograron refugiar con vecinos del sector del Alto Palo y posteriormente lograr movilizarse en medio del temor hasta Guachené y Villa Rica.
Este grave hecho forzó a los líderes Juan Sebastián Mancilla Lucumí y Jhon Janner Hurtado desplazarse de manera forzada de sus territorios y seguramente a vivir exiliados por el control territorial que ejercen en el país estos grupos ilegales. Estas son las consecuencias de trabajar en la prevención del reclutamiento de menores, quienes terminan siendo las víctimas de la guerra como en los bombardeos que se han registrado en el Guaviare, Amazonas, y Arauca.
Desde la Defensoría del pueblo se ha llamado la atención del gobierno colombiano para implementar diversas medidas para abordar esta crisis, pero las deficiencias en la protección siguen siendo un problema grave de derechos humanos y derecho internacional humanitario, donde los líderes sociales que protegen el territorio han quedado sin protección estatal a merced de los grupos ilegales.
Los datos son escalofriantes en 2024 se reportaron 578 de los cuales se destacan 36 en escuelas e instituciones educativas que han sido blanco de estos delitos de lesa humanidad, en el primer semestre de 2025.
La Defensoría del Pueblo conoció 55 casos de niños y niñas reclutadas y se destacan principalmente menores de comunidades indígenas y afrodescendientes.
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