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Tras la confirmación de Medicina Legal que fueron siete los menores de edad que fallecieron en un bombardeo efectuado por la Fuerza Pública en el departamento del Guaviare contra las disidencias de las Farc.
La Defensoría del Pueblo que lidera Iris Marín Ortíz cuestionó fuertemente la operación militar en Guaviare y advirtió que, incluso en hostilidades, el principio de humanidad debe prevalecer. Sin embargo el gobierno justificó y defendió la acción y señaló como únicos responsables de estas muertes a las disidencias por reclutamiento forzado de los menores. 
Ariel Emilio Cortés Martínez, director de ese instituto, precisó que en las labores de identificación que se vienen realizando a los combatientes que fueron impactados por las bombas, se cotejó que siete se trataban de menores, cuatro de ellos mujeres y los tres restantes hombres.
La muerte de seis niños, niñas y adolescentes, volvió a encender el debate sobre los límites del uso de la fuerza en el conflicto armado colombiano y las obligaciones del Estado bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El operativo, en el que también fueron recuperados cuatro cuerpos aún sin identificar, fue confirmado por las Fuerzas Militares esta semana.
Ante este hecho La Defensoría del Pueblo reaccionó con un pronunciamiento contundente: ningún menor reclutado debe resultar afectado en acciones militares, aun cuando desempeñe funciones de combate dentro de estructuras ilegales.
En su análisis, la entidad recordó que el DIH impone límites estrictos incluso en escenarios bélicos y que los menores de edad, así estén participando de hostilidades tras un reclutamiento forzado, conservan protección reforzada.
Los principios de humanidad, precaución, proporcionalidad, necesidad estrictamente limitada y el interés superior del niño, dijo la Defensoría, obligan a evaluar los métodos de guerra para evitar daños excesivos. En esa línea, planteó una pregunta central:
¿Podían haberse empleado otras modalidades de operación con menor daño para los NNA?
La entidad recordó que está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente necesarias, y advirtió que reducir la discusión a un cálculo técnico del DIH sería desconocer la degradación del conflicto: menores reclutados convertidos en objetivos militares por la falta de protección estatal.
“El DIH no existe para justificar vulneraciones sino para limitar el sufrimiento humano”, afirmó la Defensoría. También reiteró que no es un organismo para certificar la legitimidad de acciones de guerra, sino para rechazarlas y promover la paz.
No obstante, el pronunciamiento enfatizó que la responsabilidad originaria de estas muertes recae sobre las disidencias del EMC, responsables del reclutamiento, considerado crimen de guerra por el Estatuto de Roma y prohibido por el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo II de Ginebra. La Defensoría advirtió que la instrumentalización de menores como escudos humanos también constituye una violación grave del DIH.
El presidente Gustavo Petro Urrego por su parte en su cuenta X defendió la operación y aseguró que la decisión se tomó para evitar una emboscada contra tropas jóvenes que se encontraban cerca del área.
“Es lamentable toda muerte, y más la de menores. Pero si se dejaba avanzar a los 150 hombres de Iván Mordisco, entonces emboscan a 20 soldados. Tomé la decisión de salvarles la vida”, dijo el mandatario, quien sostuvo que “es fácil teñir de rojo los mapas, difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, respaldó plenamente la acción militar y señaló que durante este Gobierno se han realizado 13 operaciones similares contra estructuras de “Iván Mordisco” en Guaviare y Arauca. “No habrá descanso para combatir el terrorismo y proteger a la población”, afirmó durante la ceremonia del Curso de Altos Estudios Militares.
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