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La llamada “toma del Palacio de Justicia” fue un asalto terrorista perpetrado en Bogotá, el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) financiado por el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria al Palacio de Justicia ubicado en el costado norte de la plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial.
El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida de la reacción violenta sin mediar diálogos o salidas negociables políticas del gobierno nacional con el grupo insurgente, de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, por orden del entonces presidente Belisario Betancur Cuartas rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985, en que los subversivos quemaron las instalaciones del Palacio de Justicia.
Los hechos culminaron 28 horas después. dejando un saldo de 101 muertos, entre ellos 11 magistrados. 11 personas más también fueron consideradas como desaparecidas al no conocerse su paradero; número que se reduciría a 6 después de que la Fiscalía General de la Nación anunció en el 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallado en una fosa común; el 17 de octubre de 2015 el Instituto de Medicina Legal anunció la identificación de los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela y En 2017 se anunció que la Fiscalía General de la Nación identificó plenamente los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval.
Autores como el entonces ministro de gobierno Jaime Castro la califican como el acto de terrorismo político más grande que ha tenido Colombia en su historia. La toma y retoma han sido calificadas como una masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De igual manera se ha catalogado como holocausto del poder judicial a los hechos ocurridos, como un día que se vulneró la institucionalidad del país por un grupo guerrillero financiado por el narcotráfico y los excesos de las fuerza pública y un gobernante que fue inferior a su responsabilidad como jefe de Estado.
El poder judicial ha sentido el ataque como un dolor permanente. Los magistrados asesinados eran colegas, profesores, jefes e incluso familiares de muchos abogados de las siguientes generaciones, y sus muertes que aún hoy lamente la justicia ha dejado una heridas que no sanan ante la falta de verdad sobre este execrable hecho de la historia colombiana.
El M-19 había nacido en los 70, reaccionando a lo que consideraron un fraude en las elecciones del 19 de abril de 1970 en las que perdió el candidato de la ANAPO (el exdictador el General Gustavo Rojas Pinilla), un movimiento político al que pertenecían los fundadores de la guerrilla.
A diferencia de otras guerrillas como las Farc o el ELN, el «EME» tenía una mayor presencia urbana con injerencia en las universidades.
Recientemente se había mediatizado gracias al robo de la espada de Simón Bolívar de un museo de la capital en 1974 o la sustracción de más de 5.000 armas del Cantón Norte del Ejército en Bogotá.
Sus movimientos les ganaron un odio particular entre militares, que lanzaron una violenta ofensiva contra el grupo a comienzos de los 80. Posiblemente la operación más exitosa de la guerrilla fue la toma de la embajada de República Dominicana el 27 de febrero de 1980 Tras dos meses de negociaciones, el gobierno accedió a que los guerrilleros volaran a Cuba con los rehenes, donde los liberaron y recibieron asilo.
En 1984, unos acuerdos de paz entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur fracasaron y se desplomó una tregua firmada entre las partes. Los insurgentes consideraron que el gobierno de Betancur había incumplido e idearon tomar el Palacio, capturar juristas y someter al presidente a un juicio político. Los magistrados de la Corte Suprema que se encontraban ese día en el Palacio eran considerados como algunos de los talentos jurídicos más prodigiosos del país y ese día decidían en sala plena la extradición de varios narcotraficantes entre ellos Pablo Escobar Gaviria.
Los 11 magistrados asesinados
Magistrado Luis Horacio Montoya Gil: Nació en San Vicente, Antioquia, en 1934. Era abogado graduado de la Universidad de Antioquia. Su carrera en la rama judicial comenzó como juez penal y continuó como magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. Además fue profesor en varias universidades de Antioquia, donde se destacó en el área del Derecho Laboral por sus grandes conocimientos. En 1983 fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia hasta su muerte, el 7 de noviembre de 1985.
Magistrado Alfonso Reyes Echandía: Nació en Chaparral, Tolima, en 1932. Era egresado de la Universidad Externado de Colombia, además fundador y director del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, cursó estudios de posgrado en la Universidad de Roma. En 1979 ingresó a la Corte Suprema de Justicia y en 1985 fue elegido su presidente.
Magistrado Ricardo Medina Moyano: Nació en Bogotá en 1930 y falleció el 7 de noviembre de 1985, en medio de la toma del Palacio de Justicia. se desempeñaba como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, defendiendo la institucionalidad.
Magistrado Darío Velásquez Gaviria: Nació en Fredonia, Antioquia, en 1927. Era abogado, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde también inició su vida pública como concejal y personero municipal, vinculado al Partido Conservador. Además de su carrera jurídica, era docente de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Nacional.
Magistrada Fanny González Franco: Nació en Pensilvania, Caldas, en 1934. Fue la primera mujer graduada en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, además la primera colombiana en ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. En los inicios de su carrera fue juez laboral y luego magistrada del Tribunal Superior de Manizales.
Magistrado Alfonso Patiño Rosselli: Nació en Sogamoso, Boyacá, en 1923. Fue abogado graduado de la Pontificia Universidad Javeriana. Ocupó importantes cargos en el sector público, entre ellos el de gobernador de Boyacá, ministro plenipotenciario ante la OEA, y miembro del primer Consejo Nacional de Planeación, entre otros. En el gobierno de Misael Pastrana Borrero asumió temporalmente el Ministerio de Hacienda. En sus últimos años formó parte de la Corte Suprema de Justicia, hasta que fue asesinado el 7 de noviembre de 1985.
Magistrado Manuel Gaona Cruz: Nació en Tunja, Boyacá, en 1941. Fue un académico y orador reconocido en el país, con una destacada trayectoria como profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en varias universidades de Colombia. Ocupó importantes cargos públicos. A los 36 años fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, donde ejerció hasta su fallecimiento el 7 de noviembre de 1985.
Magistrado Pedro Elías Serrano Abadía: Nació en Buenaventura, Valle del Cauca, en 1928. Era doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. Su carrera en la rama judicial incluyó cargos como juez penal, fiscal del Tribunal Superior y presidente de la Sala Penal en Cali. Fue uno de los fundadores de la Universidad Santiago de Cali y miembro activo del Colegio de Abogados Penalistas del Valle del Cauca.
Magistrado Carlos Medellín Forero: Nació en Pacho, Cundinamarca, en 1928. Era abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Participó activamente en instituciones como la Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Comisión Nacional de la UNESCO, se destacó como un gran jurista en formación. En sus últimos años, integró la Corte Suprema de Justicia hasta su muerte.
Magistrado José Eduardo Gnecco Correa: Nació en Santa Marta, Magdalena, en 1923. Era un reconocido jurista en la Costa. Integró la Corte Suprema de Justicia hasta la toma del Palacio el 7 de noviembre de 1985, en medio de los enfrentamientos entre el M-19 y las Fuerzas Militare
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