Gobernadores firman manifiesto  y  exigen al presidente Petro fortalecer la Fuerza Pública por la unidad territorial y no privilegiar los  grupos  criminales que atentan contra la seguridad regional.

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Ante la grave situación de orden público y seguridad que afecta sus territorios  en donde los grupos criminales, bandas delincuenciales y pandillas juveniles  ganan terreno, gobernadores, delegados departamentales , secretarios de  seguridad y alcaldes del país, reunidos en el ‘Encuentro de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional’, presentaron un manifiesto dirigido al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, que en ocho puntos recoge las necesidades y preocupaciones más urgentes de sus regiones, con el propósito de articular acciones conjuntas que garanticen la tranquilidad y protección de los ciudadanos.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dílian Francisca Toro Torres, quien convocó  y lideró la reunión, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, que contó además con la presencia del Ministro de Defensa, representantes de los entes de control, las Fuerzas Militares y de Policía, así como expertos de organismos internacionales.

La mandataria seccional destacó la necesidad de una estrategia regional unificada en seguridad, que involucre Ejército, Policía y demás fuerzas públicas. “Se busca crear corredores seguros, inteligencia coordinada y operaciones más eficientes, evaluadas cada dos meses con los comandantes locales”, dijo al señalar que la responsabilidad constitucional del orden público es del nivel nacional, exigiendo corresponsabilidad y articulación entre nación, departamentos y municipios para garantizar la seguridad.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, expresó su agradecimiento por el productivo espacio al lado de los gobernadores y destacó la importancia de concretar las políticas de seguridad nacional con las regionales y subrayó que “como resultado de la cumbre, se establecerá una revisión cada dos meses entre divisiones de policía de diferentes departamentos para tratar temas de seguridad regional”.

El titular de la  cartera de Defensa destacó el fortalecimiento de la inteligencia y la tecnología de las fuerzas militares, resaltando que el Gobierno Nacional ha aprobado una inversión de un billón de pesos para el próximo año, superando la asignación de este año.

Luego de la jornada se definieron los ocho puntos del manifiesto en el que los mandatarios solicitan:

1. Instamos al Gobierno Nacional a articular las políticas de seguridad nacional con las políticas regionales, con el fin de tener una sinergia eficaz y eficiente que establezca reglas claras y dé herramientas a las autoridades territoriales para su proceder ante las demandas de la comunidad.
2. Solicitamos se incremente el presupuesto por parte del Gobierno nacional para el sector defensa, seguridad y justicia que garantice la operación en territorio de las Fuerzas Militares y de Policía y honre el principio constitucional de corresponsabilidad. Esto permitirá frenar la intención criminal de los grupos armados organizados que buscan implementar una gobernanza criminal.
3. Exigimos al Gobierno nacional se fortalezcan las capacidades de inteligencia y tecnología de las Fuerzas Militares y de Policía. Esto en respuesta a los nuevos retos que ha impuesto la criminalidad con la implementación de nuevas modalidades de ataque.
4. Se debe tomar acciones urgentes de control sobre los cultivos ilegales. De acuerdo con los expertos que participaron en el encuentro, el 48% de los cultivos de coca se localiza en zonas de manejo especial, como Parques Nacionales Naturales, reservas forestales ley segunda, Resguardos Indígenas y en tierras de las Comunidades Negras. Este fenómeno refleja un conflicto entre la conservación ambiental y las economías ilícitas, que arrasan con la biodiversidad y que, junto con la minería ilegal, se han consolidado como los mayores depredadores ambientales del país.
5. Requerimos con urgencia una intervención interinstitucional que combine justicia, inversión social, desarrollo económico y fortalecimiento de la autoridad civil, así como una acción estatal coordinada y contundente en municipios y zonas rurales donde se ha aumentado la presencia de estructuras criminales.
6. Colombia no puede fragmentarse. La soberanía no se negocia, se ejerce. Solicitamos la suspensión inmediata de los beneficios políticos, jurídicos y/o económicos otorgados a estructuras armadas activas que delinquen en todo el territorio colombiano. No puede haber paz con impunidad ni legitimación de la violencia. Es urgente una redefinición de los límites de la política de Paz Total, bajo los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
7. Formular, un Plan Nacional de Recuperación Institucional con metas verificables y programas de acción inmediata que garanticen la presencia integral del Estado en los territorios y construcción de hojas de ruta con objetivos, acciones y plazos de ejecución claros.
8. El Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y la institucionalidad deben garantizar plenamente que los ciudadanos puedan votar de manera libre, democrática y en paz, sin ningún tipo de condicionamiento ni intimidación, en las elecciones del 2026 tanto para las elecciones de Congreso como las Presidenciales.

Tras reconocer avances en la lucha contra las estructuras criminales y el compromiso de la Fuerza Pública, los mandatarios seccionales reunidos en esta  cumbre como el gobernador del Cauca Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez ,advirtieron “donde el Estado no llega, avanza la ilegalidad. Si las ciudades sufren ataques, la situación en las zonas apartadas es aún más crítica. Proteger la democracia y la seguridad ciudadana es esencial para el desarrollo del país: las regiones son el primer frente de defensa de la paz y el futuro de Colombia”.