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Este Jueves 18 de Septiembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que 12 ex uniformados del Batallón La Popa en Cesar fueron los máximos responsables de cometer 135 asesinatos de civiles en el subcaso 03 “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
Fueron un total de 15 exmilitares quienes fueron encontrados como máximos responsables de los cuales 12 reconocieron sus delitos. La lectura del fallo la hizo la magistrada Ana Manuela Ochoa, encargada de este caso.
“Entre enero de 2002 y julio de 2005 135 personas fueron asesinadas y posteriormente presentadas ilegítimamente como bajas en combate en el norte del departamento de César y el sur de La Guajira por integrantes del batallón La Popa del Ejército Nacional”, indicó la magistrada
Cada exmilitar recibió una sentencia distinta. Oscila entre cinco, seis y ocho años de sanciones restaurativas, porque algunos estaban en la cárcel por condenas en la justicia ordinaria por delitos relacionados con este caso. La JEP ajustó los tiempos de sanción, de modo que ninguna es inferior a los cinco años.
Los 12 exmilitares son: Guillermo Gutiérrez, Carlos Lora, Elkin Burgos, Elkin Rojas, Efraín Andrade, Manuel Padilla, José de Jesús Rueda, Eduart Álvarez, Juan Soto, Yeris Gómez, Alex Mercado y Heber Gómez.
En total fueron 135 muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre el 9 de enero de 2002 y 9 de julio de 2005; la mayoría fueron cometidas en alianza con grupos paramilitares.
Los condenados fueron juzgados por los crímenes de lesa humanidad: desaparición forzada, asesinato, tortura y persecución, así como crímenes de guerra, de homicidio en persona protegida y tortura.
Tres exmilitares no reconocieron su responsabilidad, entre ellos está el coronel (r) Publio Hernán Mejía, quien enfrenta un juicio adversarial (el primero en la JEP) y que será la tercera sentencia del Tribunal.
Como dato curioso y simbólico al llegar a la sala, los magistrados depositaron la sentencia dentro de una mochila de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco y Kogui que fueron las víctimas más recurrentes de este caso en particular.
La magistrada Ana Manuela Ochoa tomó tiempo de la lectura de la sentencia para nombrar a 122 de las 135 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en un acto de reconocimiento de que los crímenes sí existieron. Trece de las víctimas aún no han sido identificadas.
Estas condenas obedecen a los macro patrones criminales ejecutados por los agentes del Estado y estuvieron enmarcados por los asesinatos y desapariciones forzadas en alianza entre miembros de la Fuerza Pública y frentes de las AUC: las víctimas que gentes humildes del común y las cuales fueron presentadas como bajas en combate para ganar méritos y reconocimientos dentro del Ejército, muchas veces señaladas sin pruebas, estigmatizadas como guerrilleros o delincuentes.
El segundo patrón se centró en crímenes contra personas vulnerables, detenidas arbitrariamente o engañadas por integrantes del Batallón La Popa para ser reportadas como supuestos combatientes.
No fueron “manzanas podridas”. La magistrada Ochoa reiteró que las ejecuciones extrajudiciales fueron hechos sistemáticos ocurridos por un “orden institucional alterado”.
“Los crímenes juzgados no ocurrieron únicamente por la acción de individuos, sino como expresión de un orden institucional distorsionado, alimentado por la debilidad de la democracia, la falta de controles efectivos y la ausencia sostenida del Estado”, sentenció Ochoa Arias.
Las restricciones de movilidad serán en Valledupar. No podrán salir de allá para trabajar y vivir. Deben participar en los proyectos restaurativos y acatar un modelo de supervisión durante el tiempo que dure la sanción.
Los proyectos. Seis iniciativas fueron seleccionadas para que los comparecientes participen en tareas de memoria, reparación y apoyo comunitario, entre las que se encuentran:
Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe: Deberán apoyar en construcción, adecuaciones, pintura, murales, mapeos, diseño arquitectónico y producción de materiales pedagógicos.
Centro de armonización para el buen vivir del Pueblo Kankuamo: Tendrán que preparar terrenos, instalaciones de agua, energía y saneamiento, construcción de vías, sistemas de riego y adecuación de áreas productivas.
Centro Integral Cultural y de Memoria OMONAPA del Pueblo Wiwa: Participarán en la preparación de terrenos, cimentaciones, muros y acabados, limpieza, jardinería, siembra de árboles, construcción de senderos y señalización.
Fortalecimiento productivo multipropósito, urbano y rural ‘Sembradores de amor y paz’: Brindarán apoyo logístico y técnico en obras, adecuación de predios y trabajo en terreno.
Casas Multipropósito ‘Sanando memorias, reconstruyendo vidas’: Deberán participar en carpintería, albañilería, mantenimiento de estructuras, apoyo logístico a talleres y eventos, desarrollo de actividades de memoria y socialización.
Casa cultural Nelson Enrique Romo Romero: Participarán desde el estudio hasta el diseño, la construcción y la prefabricación, la instalación de mobiliario y tecnología, el soporte logístico y la participación en actividades simbólicas.
¿Cómo se garantiza el cumplimiento? Se hará a través de un sistema de monitoreo con un dispositivo electrónico que permite georreferenciar a los máximos responsables.
De hecho, en tiempo real se probó el sistema de monitoreo en un Toar anticipado del subcaso de Huila, en el cementerio de ese departamento. Allí se recuperaron 54 cuerpos en Pitalito y Neiva.
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