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A menos de un año de finalizar su mandato constitucional el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego a través de su Ministro de Hacienda acompañado de un grupo de congresistas que se comprometieron sacar adelanta la iniciativa ha radicado este lunes 1 de septiembre su tercera y última Reforma Tributaria con la que aspira recaudar 26,3 billones de pesos.
El proyecto de Ley de Financiamiento busca de financiar el faltante de su proyecto de presupuesto para 2026, que suma 557 billones de pesos.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, ha entregado un texto que propone incrementar los impuestos de diferentes sectores. Entre ellos, incluye aumentar el impuesto a los combustibles como la gasolina y el ACPM en los próximos dos años, grabar con IVA al sector de apuestas y juegos de azar, cobrar impuesto de renta a las iglesias por sus actividades comerciales —no religiosas—, y también hacerlo con las empresas que prestan servicios digitales desde el exterior, como las plataformas de streaming tipo Netflix, Amazon Prime o HBO.
Uno de los puntos clave del proyecto es la propuesta de aumentar la sobretasa al impuesto de renta que ya pagan las instituciones financieras como los bancos que según el gobierno son las entidades que más plata ganan abusando de los intereses y costos operacionales a sus clientes, las aseguradoras o las sociedades comisionistas de bolsa de valores.
Si hoy enfrentan una tarifa nominal del 40%, cuando la general es del 35%, el Gobierno propone incrementarla hasta el 50%.
En sus 86 artículos, el proyecto suma decenas de ajustes puntuales a otros tributos, como el de patrimonio o el de ganancias ocasionales, aumenta los impuestos sobre las personas que ganen desde 1.700 UVT al año (unos 84,6 millones de pesos, o 21.000 dólares, en 2025) e incrementa el llamado impuesto al carbono, que pagan quienes venden o importan combustibles fósiles como el gas natural, la gasolina o el carbón térmico.
En el documento final conocido este lunes, el Ejecutivo también ha propuesto gravar con un 19 % el consumo a servicios culturales y deportivos como las boletas a cine, a partidos de fútbol y entradas a conciertos o eventos de entretenimiento, siempre y cuando las entradas a esos eventos superen los $470.000 .
En este documento, el Gobierno deja en firme que no tocará la canasta familiar colombiana y que varios de los incrementos que plantea el documento se realizará de forma progresiva, algunos entre 2026 y 2028.
El Gobierno también busca fijar una tarifa de IVA del 19 % para los licores, sumada al impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, y también aumenta los gravámenes sobre los cigarrillos y el tabaco.
Desde la secretaría de la Cámara de Representantes, donde ha radicado el documento, Ávila Plazas ha dicho que esperan que la discusión entre congresistas priorice la estabilidad económica del país. “Con la radicación, cumplimos con el compromiso de que el proyecto de ley de presupuesto se tramite y se discuta paralelamente con la ley de financiamiento. Esperamos que haya un debate serio y responsable”, dijo desde el Capitolio Nacional.
La nueva propuesta del Gobierno, que busca mantener la estabilidad fiscal, deberá pasar cuatro debates antes de ser aprobada con miras al 2026. Viene sustentada por la necesidad de financiar el presupuesto, sobre el que aún no hay visto bueno del Legislativo. El próximo 15 de septiembre vence el plazo para que apruebe su monto global.
El año pasado, en una situación similar, el Congreso rechazó el monto, y luego negó la ley que buscaba aumentar el recaudo para financiarlo. Finalmente, el presupuesto salió por decreto, desfinanciado, y el Ejecutivo en este momento tiene pendiente definir qué partidas recortará para este 2025. Lo más probable es que lo mismo ocurra en 2026, cuando habrá un nuevo Gobierno desde el 7 de agosto.
Con una gran parte del Congreso en contra, parece casi imposible que en el último año legislativo, cuando los parlamentarios buscan de nuevo la aprobación de sus electores para reelegirse, el Gobierno logre sacar adelante una reforma que ponga más impuestos.
El proyecto tendrá que ser aprobado por las dos comisiones económicas de la Cámara donde tiene mayorías, para luego cumplir el mismo paso por la plenaria. Luego debe repetir el proceso en el Senado, donde las mayorías han sido esquivas a la Administración Petro, sin embargo con los legisladores nunca se sabe, por el sinnúmero de intereses y necesidades para poder reelegirse en los próximos comicios electorales.
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