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El Gobierno nacional ha logrado en las últimas horas pactar una hoja de ruta para para iniciar diálogos con la comunidad de El retorno (Guaviare), y proceder a liberar a los 33 militares secuestrados por más de 800 residentes de la zona desde la tarde del domingo 24 de agosto, tras una operación en la que dieron de baja a 10 integrantes de las disidencias de Iván “Mordisco”.
Del encuentro participaron los comandantes del Ejército, la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo y la ONU, este miércoles 27 de agosto.
La muerte de un civil identificado como Ramiro Antonio Correa en la vereda Nueva York y la pérdida de sus pertenencias es la razón por la que 33 uniformados permanecen secuestrados en El Retorno, Guaviare, denunciaron los habitantes que tienen cercados a los militares.
El Ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez señaló que no se trata de un cerco humanitario sino de un secuestro. “Toda Colombia exige su libertad inmediata. Podemos dialogar, pero nunca ceder ante la extorsión ni el delito. Quien ataca a un soldado o a un policía, ataca al Estado y al pueblo colombiano. La Policía Nacional de los Colombianos, el Ejército Nacional de Colombia están listas para actuar con firmeza, siempre respetando los DD. HH. y el DIH, hasta lograr que nuestros hombres regresen libres” sostuvo.
Se reveló que en la reunión se conformó una comisión para escuchar a la comunidad de El Retorno, se elevó una solicitud para que delegados de la oficina del comisionado de paz y el Ministerio del Interior se presenten en el territorio y en la tarde de este miércoles se realice una mesa de trabajo con la Gobernación del Guaviare, la Defensoría del Pueblo y el ministerio público.
Anoche, a la región fue desplegado un grupo de fuerzas especiales y 58 uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional de Colombia (UNDMO) para prevenir y controlar la situación de orden público, pero no se ha avanzando en la liberación de los soldados.
El alcalde de El Retorno Jhonny Jaiber Casanova López indicó que “la comunidad, sus líderes y expresidentes de la junta de acción comunal denunciaron el asesinato de un civil y la pérdida de un dinero, de unas joyas, de esta persona que tenía su tienda, tenía su negocio en el territorio. Es lo que ha manifestado su familia”.
El mandatario local advirtió que, “no se pueden violar los derechos fundamentales de la comunidad o de los soldados. La comunidad insiste en que ningún momento ha maltratado a los uniformados”.
Y comentó que se siente en la obligación de estar del lado de los suyos, a pesar de que también se preocupa por el bienestar de los militares y está dispuesto a trabajar con el Gobierno para coordinar su liberación.
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