Mauricio Lizcano niega vínculos con escándalo de la UNGRD tras compulsa de la Corte Suprema.

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El que es considerado uno de los tres mejores exministros del gobierno de Gustavo Petro  y precandidato presidencial Óscar Mauricio Lizcano  Arango negó cualquier vínculo con el escándalo de la UNGRD, luego de que la Corte Suprema pidiera a la Fiscalía investigarlo junto a otros diez funcionarios del Gobierno.

Aunque aún no pesa una acusación formal en su contra, el nombre del exministro y precandidato presidencial Mauricio Lizcano ya quedó ligado al entramado judicial que rodea el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Su mención en la compulsa de copias que la Corte Suprema de Justicia envió a la Fiscalía, junto a la de otros diez funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, no es menor.

Ocurre justo cuando el caso da un giro con nuevas revelaciones sobre cómo se habrían direccionado millonarios contratos en distintas regiones del país en un entramado de corrupción y delincuencial que involucra ex altos funcionarios del gobierno nacional, dos huyendo de la  justicia supuestamente en el exterior.

Todo se origina en el testimonio del confeso economista Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, cuando  se llevó a cabo una reunión en la oficina del empresario y cofundador del Partido Alianza Verde  quien perteneció a la guerrilla del Movimiento 19 de abril, Carlos Ramón González Merchán , entonces director del DAPRE, el 27 de noviembre de 2023 y luego otra el 15 de diciembre. Allí, según López, se gestó el supuesto “cónclave” desde donde se habrían orquestado los actos corruptos para ordenar “comprar” congresistas.

En las reuniones, dijo López, participaron Lizcano; el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves, entre otros.

La solicitud de apertura de investigación contra los 11 funcionarios y exfuncionarios se fundamenta, entre otras cosas, en la declaración que rindió esta semana María Alejandra Benavides Soto, ex asesora del Ministerio de Hacienda, ante la Sala de Instrucción y a  quien la Fiscalía le concedió el beneficio del principio de  oportunidad  por delatar los pormenores de las  maniobras para direccionar los  contratos que beneficiarán a los  congresistas.

Benavides Soto relató cómo, siendo asesora técnica del ministro Ricardo Bonilla, habría servido de enlace entre congresistas y funcionarios del Ejecutivo para repartir contratos de la UNGRD por $92.000 millones en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

La Corte Suprema tiene en su poder un video en el que se observa a varios funcionarios ingresando al Palacio donde habría tenido lugar el encuentro. Sobre ese registro, el también ex senador  y ahora precandidato  presidencial Lizcano aseguró que asistió porque había sido citado a una reunión distinta.

Sobre María Alejandra Benavides, Lizcano afirmó que nunca ha tenido ningún tipo de comunicación con ella y que confía en que, al menos, no lo haya mencionado, ya que, según dijo, jamás intercambiaron palabra.

“Yo no tenía a la señora Benavides en mi celular y no creo que me haya mencionado. Estoy convencido que no. Yo con ella no tuve nunca ninguna relación, no tengo en mi celular ni un solo chat con ella”, añadió.

La UNGRD habrían estado condicionadas al voto favorable de estos congresistas en la Comisión de Crédito Público investigación involucra a los legisladores Juan Diego Muñoz Cabrera de la Alianza  Verde, Karen Astrith Manrique Olarte integrante de  La Asociación de Víctimas Intercultural y regional Asvinreg ,Liliana Esther Bitar Castilla  del Partido Conservador, Juan Pablo Gallo Maya del Partido Liberal , Julián Peinado Ramírez del Partido Liberal y Wadith Alberto Manzur Imbett del Partido Conservador, según versiones para dar luz verde a contratos de la UNGRD.

Al igual que Lizcano, otros exfuncionarios salpicados —como Luis Fernando Velasco, Gloria Inés Ramírez y Ricardo Bonilla— han rechazado tajantemente cualquier implicación en el escándalo y aseguran que demostrarán su inocencia ante la justicia.

Redacciòn