El Ministerio de Justicia y del Derecho radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca apoyar los esfuerzos del Gobierno para alcanzar la “Paz Total” iniciativa del presidente Gustavo Petro Urrego.
El proyecto aspira presentar una serie de normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, respetando siempre los derechos de las víctimas y viene siendo liderado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, proponiendo una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado desde la justicia, la verdad y la reparación.
“Se trata de una apuesta jurídica seria que combina los aprendizajes del pasado con nuevas formas de negociar y lograr resultados reales” señaló Montealegre.
Uno de los puntos clave del proyecto es que no todos los grupos serán tratados igual: A grupos como el ELN o las disidencias de las antiguas Farc se les reconocerá un carácter político para poder avanzar en negociaciones de paz. 
A las bandas criminales, como el Clan del Golfo, bandas de Medellín,Los Chotas y Espartanos en Buenaventura y pandillas juveniles en el Norte del Cauca , se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras.
El proyecto también aclara que los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, como dejar de atacar a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia», explicó el ministro Montealegre.
“Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad», agregó el jefe de la cartera.
Además, el proyecto busca corregir uno de los grandes problemas que tiene hoy el sistema de justicia: la cantidad de leyes desarticuladas que hacen difícil enfrentar a los grupos ilegales. Esta propuesta que fue presentada este 20 de julio ante el Congreso de la República unifica criterios, evita confusiones y permite una actuación más efectiva por parte de jueces, fiscales y autoridades.
En su texto se contempla además un tratamiento especial para personas judicializadas en el contexto de disturbios o manifestaciones sociales, así como reglas diferenciales para miembros de grupos armados con motivación política que no hayan accedido previamente a regímenes como Justicia y Paz o la JEP.
El proyecto sin embargo se advierte desde distintos escenarios judiciales y políticos que su trámite no será sencillo, a pesar de haber sido presentado en la corporación legislativa donde el Gobierno aún conserva control. Varios miembros de la misma bancada oficialista consideran que, en el actual contexto de debilidad institucional frente a la criminalidad, no es oportuno aprobar una iniciativa que otorga beneficios jurídicos a los delincuentes incluyendo narcotraficantes y criminales de la peor calaña.
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