Disidentes de las antiguas FARC secuestraron a nueve contratistas de la Gobernación del departamento del Cauca cuando realizaban una “misión humanitaria y social” en el municipio de López de Micay en el Litoral Pacífico Caucano.
Así lo denunció este viernes la Gobernación del Cauca, que detalló en un comunicado que en la noche del jueves 17 de julio fueron secuestrados dos hombres y siete mujeres que hacían parte de un equipo dedicado a “promover el diálogo territorial, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales del Estado”.
Los secuestrados, identificados como: Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana, quienes realizaban labores de entrega e instalación de equipos tecnológicos, entre ellos inhibidores de señal para evitar el uso de drones, destinados al Ejército Nacional.
“Hacemos un llamado urgente a la liberación inmediata de estas personas, quienes cumplían funciones estrictamente civiles y sociales, en el marco del ejercicio legítimo del servicio público”, agregó la Gobernación.
El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, afirmó que “el secuestro de funcionarios y contratistas” de su oficina “es un hecho que rechazamos categóricamente”.
“Lo ocurrido en López de Micay es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. Los funcionarios y contratistas secuestrados son civiles, padres, madres, hijos, hermanos, que solo buscaban servir a las comunidades más necesitadas del Cauca”, agregó Guzmán en la red social X.
El secuestro se lo atribuyó el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, que aseguró que los trabajadores fueron “retenidos”· por el grupo insurgente que tiene dominio territorial en la zona, porque estaban “haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional”, sostuvo equivocadamente por su parte el grupo guerrillero.
La Gobernación del Cauca rechazó categóricamente estas afirmaciones del grupo ilegal y aseguró que los contratistas cumplían una misión humanitaria y social, articulada con las Juntas de Acción Comunal (JAC), orientada a acercar la oferta institucional a comunidades apartadas.
“Este equipo de trabajo tenía como propósito promover el diálogo territorial, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales del Estado, en un ejercicio legítimo de servicio público, lejos de cualquier interés o acción militar”, indica el comunicado oficial.
El Cauca es uno de los departamentos más golpeados históricamente por el conflicto armado colombiano e incluso después de la firma de la paz con la antigua guerrilla de la FARC siguió siendo escenario de violencia con influencia en gran parte del territorio.
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