El Gobierno de Estados Unidos retiró a su Encargado de Negocios interino en Bogotá, John T. McNamara, en respuesta a recientes declaraciones del Gobierno colombiano que Washington calificó como “infundadas y reprensibles”.
La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, confirmó la decisión a través de un comunicado difundido ayer. Según la información oficial, el Secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó el llamado a consultas de McNamara a Washington para abordar el impacto de las declaraciones emitidas desde “los más altos niveles” del gobierno de Colombia.
“Además del retiro del Encargado, Estados Unidos está adoptando otras medidas para dejar clara nuestra profunda preocupación por el estado actual de nuestra relación bilateral”, señaló Bruce en la comunicación oficial.
Aunque los diplomáticos de Estados Unidos no mencionaron las declaraciones a las que hacen referencia, todo parece indicar que se trata de los comentarios del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre un supuesto complot para derrocarlo en el que habría participación indirecta de EE. UU..
La portavoz subrayó que, pese a las diferencias con la actual administración colombiana, Washington mantiene su disposición para continuar la cooperación en áreas de interés común. Además, no precisó cuánto tiempo permanecerá McNamara en Washington ni las condiciones para su eventual regreso a Bogotá. Tampoco detalló las “otras medidas” que se encuentran en curso.
Unas pocas horas más tarde, mediante un mensaje en su cuenta de la red social X, en la que suele hacer sus anuncios más importantes, el presidente Gustavo Petro Urrego informó que llamó a consulta al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.
“Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNamara, encargado de la embajada de EE. UU. en Colombia, llamo a consultas a nuestro embajador en ese país, Daniel García-Peña”, informó Petro.
Según aseguró el jefe de Estado, el funcionario diplomático deberá informar sobre el desarrollo de la agenda bilateral y los compromisos que adquirió desde el inicio de su gobierno.
Algunos ellos tienen que ver con la descarbonización de la economía y la transición energética; la revitalización de la selva amazónica; una ofensiva decidida contra los capos del narcotráfico y sus finanzas internacionales y una cooperación del gobierno estadounidense en el desarrollo de una reforma del sistema financiero global que permita canjes de deuda por acción climática de hasta US$25.000 millones.
Vale la pena destacar que además de la crisis diplomática a la que convoca la situación, también existen unos irritables con el norteamericano en materia de comercio y drogas en el que Estados Unidos se convertido en el mayor consumidor y Colombia en el campeón del tráfico,producción y exportador de Cocaina y que hasta hoy no han sido resueltos de acuerdo a los registrados de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).
En concreto, las molestias para Estados Unidos, en los que hace mención en Colombia tienen que ver también con el Tratado de Libre Comercio TLC, donde destacan que aún hay compromisos pendientes. También, se refieren a las políticas de importación y a las barreras técnicas al comercio (TBT) y sanitarias (SPS). En este último, hacen especial hincapié en los vehículos y autopartes, cosméticos, exportaciones de leche en polvo, y el registro de instalaciones extranjeras.
El ámbito agrícola también ha sido fuente de fricción, pues Colombia clasifica el arroz de grano corto y mediano bajo un código arancelario que se aparta de la definición establecida por el Codex Alimentarius, el cual, según los sectores, afecta directamente las exportaciones estadounidenses de este producto.
Otras de las preocupaciones en torno a las relaciones con el gigante americano tiene que ver con la descertificación a la que se puede enfrentar el país por los mínimos resultados en materia de lucha contra las drogas. Actualmente, el Gobierno colombiano busca mantener la certificación de Estados Unidos, pero el aumento de los cultivos, producción y tráfico podrían dejar al país sin el documento de peso internacional.
En caso de una eventual descertificación, este hecho tendría una serie de consecuencias como la suspensión de hasta el 50% de la asistencia exterior otorgada por Estados Unidos, una oposición de ese país a préstamos de organismos internacionales, y la suspensión de ayudas.
Desde distintos sectores políticos y de opinión se hicieron llamados para darle un manejo más diplomático a las relaciones bilaterales entre ambos países tradicionales socios estratégicos por muchas décadas.
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