La Fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo Garzón ordenó restringir toda coordinación sobre la investigación del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay a reuniones dentro de sus instalaciones.
Esta decisión se tomó luego de que el presidente Gustavo Petro Urrego ordenara incorporar a altos funcionarios —como los directores de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)— a un puesto de mando unificado (PMU) instalado en la Policía Metropolitana de Bogotá para seguir el caso.
La funcionaria señaló que la investigación por el atentado ocurrido el pasado 7 de junio es reservada y está siendo adelantada por expertos y calificados equipos designados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía, bajo la supervisión directa del nivel central de la Fiscalía, por lo que ninguna otra instancia deberá filtrar avances de la investigación.
En este sentido, explicó que la inclusión de funcionarios externos (es decir, del Gobierno) desnaturalizó el objetivo del PMU, razón por la cual se instruyó que toda actividad de seguimiento se realice bajo su control exclusivo. Esto muestra que la fiscal se distancia del presidente y de las peticiones que ha hecho de pedir ayuda a organismos internacionales que permitan esclarecer este caso de Miguel Uribe y los crímenes de múltiples líderes sociales.
La Fiscal también se refirió a la propuesta del jefe de Estado desde la capital del Valle del Cauca para permitir que una comisión internacional de las Naciones Unidas investigue el atentado contra Uribe Turbay y otros crímenes contra líderes políticos y sociales. En respuesta, concluyó que el organismo tiene la independencia, legitimidad, solidez institucional y capacidades operativas, para adelantar el proceso y recordó que los hechos ocurrieron hace apenas cinco días, tiempo en el que se ha recolectado evidencia clave.
El mensaje de la Fiscal Luz Adriana Camargo deja ver que, para ella, que es apresurado e irrespetuoso con el ente investigador, pedir una comisión internacional, por lo cual no se necesita, así como que no son bienvenidos a la reuniones del caso Miguel Uribe los funcionarios del Gobierno que Petro ordenó incluir al PMU.
Agregó que, a diferencia de los casos que motivaron una comisión en Guatemala, la Fiscalía colombiana no enfrenta circunstancias similares y continúa su labor en medio de un contexto político polarizado, que ha derivado en cuestionamientos desde distintos sectores.
El ente investigador también expresó su rechazo a la filtración de pruebas y a la difusión de hipótesis sin sustento, al advertir que estas afectan la integridad del proceso y obstaculizan el trabajo judicial. También aclaró que la grabación a la que hizo referencia Petro en Cali corresponde a un audio entre particulares y que fue recibido por la Fiscalía como parte de una nueva indagación, que se mantiene bajo reserva.
Sobre lo último, indicó que “la información derivada de un audio entre particulares por presuntos actos conspirativos en su contra involucraría a un exfuncionario de su administración”, pero aclaró que no dará más detalles al respecto.
Finalmente, invitó a otras instituciones, medios de comunicación, actores sociales y ciudadanos a aportar datos o evidencias que puedan contribuir a esclarecer los hechos del atentado contra el senador del Centro Democrático y llevar a los responsables ante la justicia.
Con esta declaración, la fiscal Camargo Garzón rechaza y tomó distancia e independencia del Gobierno del presidente Petro, quien esta semana ha solicitado apoyo internacional para esta investigación, tomando como referencia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en la que Camargo participó.
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