Tras el anuncio del Presidente Gustavo Petro este martes 3 de junio en la su alocución televisiva en el sentido que su gobierno buscará hacer la consulta popular por decreto y cuyo objetivo, según el oficialismo, es poder volver al texto original que presentaron en la reforma laboral, puesto que el nuevo aprobado en la comisión cuarta del Senado no es del agrado del jefe de Estado.
Ante la revelación del mandatario, ocho partidos políticos se pronunciaron en contra de aquella medida: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI; los cuales también hicieron un llamado a las altas Cortes, órganos de control y autoridades electorales, para que “actúen con independencia y defiendan la Constitución”.
Sus intenciones las dieron a conocer por medio de un comunicado que reza: “Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”.
Además, aseguraron que las intenciones del presidente Petro Urrego constituirían un “grave daño institucional”. En ese orden de ideas, hicieron un llamado al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, para que vigile la situación y “haga cumplir las normas”.
“En caso de que se expida un decreto convocando una consulta popular, confiamos en que el señor registrador Nacional, en ejercicio de su autonomía e independencia funcional, actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral”, aseguraron los partidos.
Agregaron que el registrador Hernán Penagos “debe verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales establecidos antes de tomar cualquier decisión” puesto que el rechazo a la consulta popular fue una decisión legítima desde el Legislativo. Los partidos aseguraron que, además, dejar que la consulta se haga por decreto violaría la autonomía del Congreso e irrespetaría lo “dispuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó una demanda contra el archivo de la Consulta en el Senado”.
Para finalizar, los ocho partidos aseguraron que estarán disponibles para brindar apoyo a las instituciones, y esperan que ellas actúen “defendiendo la Constitución”.
Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que buscarán emitir el decreto antes de agosto y para lo cual el gobierno girará cerca de 800mil millones a la Registraduría Nacional del Estado Civil para realizar la consulta, lo más pronto posible.
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