En un comunicado, el ejecutivo de ese país centroamericano aseguró que esas medidas proferidas por la Fiscalía general de Guatemala, a cargo de la controvertida y cuestionada por hechos de corrupción María Consuelo Porras. “vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG”.
Con un enérgico comunicado, inicialmente el gobierno de Guatemala que preside Bernardo Arévalo rechazó “enfáticamente las órdenes de captura giradas contra el embajador colombiano Iván Velásquez Gómez, ex Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscal general de la República de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón”.
“Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos”, agrega el documento que fue hecho público por ese gobierno casi a la media noche de este lunes.
Según reza el texto “estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional”.
Por su parte el Gobierno de Colombia que preside Gustavo Petro Urrego igualmente expresó su rechazo sobre las declaraciones de las autoridades de Guatemala que emitieron las órdenes de captura contra el embajador designado ante el Vaticano, Iván Velásquez Gómez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, esta medida se percibe como una “Preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados”.
De acuerdo con el mensaje compartido por la canciller Laura Sarabia, hay “profunda preocupación” del Ejecutivo colombiano, que rechazó de manera enérgica la decisión de la Fiscalía guatemalteca. El comunicado oficial sostiene que la acción carece de sustento jurídico: “Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales”.
Del mismo modo, el Gobierno colombiano considera que la utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional requiere una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que, según la Cancillería, no se cumplen en este caso.
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