El Gobierno de Gustavo Petro Urrego busca mantener viva su propuesta de hacer una consulta popular. En la mañana de este martes, el ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti Villaneda, ha asegurado que si el Senado no se pronuncia sobre esta iniciativa antes del 1 de junio, el Ejecutivo podrá convocarla por decreto.
Aunque miembros del oficialismo ya lo habían sugerido a través de sus redes sociales, esta es la primera vez en la que el Gobierno le pide formalmente al Legislativo que revise su decisión del pasado 14 de mayo, cuando hundió ―por apenas dos votos― la posibilidad de que los colombianos se pronuncien en las urnas sobre sus derechos laborales.
Según el ministro de la política, dicha votación es inválida, no solo porque considera que hubo un fraude y un sabotaje, sino porque se incurrió en un error de forma.
Benedetti ha argumentado, en una rueda de prensa y también a través de su cuenta de X, que al momento de la votación el secretario general del Senado, Diego Alejandro González, no leyó la propuesta de lo que se iba a votar.
Aunque los presentes sabían sobre qué se estaba discutiendo, pues el día anterior lo habían debatido durante nueve horas, Benedetti considera que esta falla en el procedimiento viola el artículo 125 de la Ley Quinta de 1992. Presenta como prueba un video en el que se muestra el llamado a la votación: “¿El Senado de qué fue lo que se pronunció, si no leyeron? “, cuestionó el ministro y ahora número dos del Petrismo.
Para el exsenador Barranquillero que llegó a su cargo a inicios del año con la misión de lograr mayorías oficialistas en el Legislativo, “en este caso, tenía que haber un concepto y no se leyó el objeto de lo que se iba a votar; luego, el Senado no se pronunció. Tengo la razón en decir que el Senado no se ha pronunciado y si no lo hace, el presidente puede convocar a la consulta popular”.
En caso de que el Congreso no se pronuncie antes de que acabe este mes de mayo, el Gobierno podría convocar la consulta popular por decreto, y llamar a la población a que vote sobre las 12 preguntas iniciales relacionadas con asuntos laborales. No obstante, el debate legal podría terminar en manos de los jueces, tanto para revisar el procedimiento legislativo como para estudiar la legalidad de un decreto de convocatoria.
Horas más tarde, el presidente del Senado, el conservador Efraín José Cepeda sarabia, rechazó las intenciones del Gobierno anunciadas por Benedetti al considerarlas un “grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes”.
“El Gobierno Nacional anunció que, de no aprobarse la consulta popular antes del 1 de junio, la convocará por decreto, desconociendo la decisión del Senado, que el 14 de mayo la rechazó mediante una votación legal y válida. Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del poder legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial”, sostuvo Cepeda Sarabia.
“No permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales. El Senado, en ejercicio de sus facultades legales, rechazó la consulta cuya aprobación es un requisito indispensable para su viabilidad” ,agregó el presidente del legislativo.
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