Tras conocerse las aberrantes denuncias de abuso sexual en un hogar infantil de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF implementará un plan de acción que incluye la priorización de género femenino en la contratación de personal de cuidado infantil.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, ha decidido tomar medidas inmediatas para prevenir que continúen los casos de abuso sexual en los hogares infantiles y centros de cuidado en todo el país.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, presentó un plan de acción que incluye, entre otras acciones, la priorización de género en la contratación de personal, específicamente orientado a la selección de mujeres para el cuidado de los menores.
La decisión surge después de las alarmantes denuncias de abuso sexual ocurridas en el Hogar Infantil Canadá Sede F, en Bogotá, donde se reportaron presuntos casos de agresión hacia los niños bajo su cuidado. Según Cáceres, el objetivo de esta medida es garantizar un entorno más seguro para los niños, a la vez que se abordan las preocupaciones relacionadas con el perfil de los cuidadores.
“Vamos a tener una priorización de género para que los agentes educativos, porque eso no existe en términos de la contratación ni en los mecanismos jurídicos, pero la priorización de género femenino que sean las mujeres las que estén con el cuidado de los niños va a darse”, explicó la funcionaria. Con esta estrategia, el ICBF busca reducir el riesgo de abusos sexuales, dado que, según las cifras, una proporción significativa de los agresores de menores son hombres.
Es importante señalar que esta medida no implica una estigmatización hacia los hombres, sino que responde a los estudios sobre los patrones de violencia de género y la necesidad de prevenir los abusos en entornos tan vulnerables como los hogares infantiles. Cáceres también mencionó que, en lugar de una exclusión por género, se trata de priorizar la presencia femenina en los equipos de cuidado infantil debido a las estadísticas que apuntan a que la mayoría de los agresores sexuales hacia los niños son hombres.
Adicionalmente, el ICBF implementará una serie de medidas para garantizar la idoneidad y el comportamiento ético de los operadores.
La funcionaria explicó que se aplicarán pruebas de personalidad a los más de 70.000 funcionarios de atención a la primera infancia en todo el país. “Se realizarán pruebas frente a rasgos de personalidad que no son estigmatizantes, pero sí nos pueden prender alertas que pueden tener los operadores frente a ese talento humano que el ICBF se está aplicando,” indicó.
Este tipo de evaluaciones, que se realizarán cada dos meses, se enfocarán en identificar posibles señales de riesgo entre los funcionarios, sin estigmatizar a ninguno, pero permitiendo detectar actitudes o comportamientos que puedan poner en peligro el bienestar de los menores. Este proceso de monitoreo, según Cáceres, es vital para mantener la calidad del servicio y evitar situaciones de abuso o negligencia en el futuro.
Además, como parte de las nuevas estrategias, se establecerá un sistema de aval de la comunidad y los padres de familia. Ningún operador que continúe prestando servicios podrá hacerlo sin el respaldo de las personas más cercanas a los menores. Este procedimiento busca asegurar que las personas encargadas de la educación y el cuidado de los niños sean aprobadas no solo por las autoridades, sino también por quienes tienen un conocimiento directo del bienestar de los menores: sus padres y la comunidad.
“Ninguno de los operadores que deba continuar en la prestación de los servicios podrá seguir sino tiene el aval de los padres de familia, de los niños y niñas que se suma al de las maestras que se encuentran en la institución,” afirmó la directora del ICBF.
Otro aspecto clave en esta reforma será la exigencia de que todos los operadores de los hogares infantiles presenten sus hojas de vida, para evaluar tanto sus antecedentes como sus calificaciones previas.
Esta iniciativa busca fortalecer la selección del personal, garantizando que los que trabajen con los niños cumplan con los estándares más altos de integridad y preparación. En este sentido, Cáceres subrayó que se implementará una revisión de antecedentes cada cuatro meses, lo que permitirá una evaluación constante de la idoneidad del personal.
Finalmente, se ha solicitado a las familias que permanezcan atentas al comportamiento de sus hijos e hijas, ya que son los primeros en detectar cualquier posible irregularidad. “En las familias deben estar pendientes del comportamiento de los niños y lo que ellos les digan,” destacó la funcionaria, enfatizando la importancia de la colaboración entre las autoridades y la comunidad en la protección de los menores.
Con estas reformas según las directivas, el ICBF no solo busca prevenir futuros casos de abuso, sino también generar un ambiente más confiable y seguro para los menores, involucrando a la comunidad, padres y autoridades en la tarea de garantizar el bienestar de la infancia en todo el país.
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