Ante el recrudecimiento de la violencia por disputas entre grupos armados, la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres anunció este miércoles tras liderar el Consejo Extraordinario de Seguridad un plan de choque con las fuerzas especiales del ejército, armada y la policía, para recuperar el control territorial en Buenaventura hoy en poder de las bandas delincuenciales, uno de los puertos más importantes del país pero también uno de los más golpeados por el crimen organizado.
La ciudad enfrenta la peor crisis por la disputa armada especialmente entre Shottas y Espartanos, situación que ha cobrado la vida de civiles inocentes.
El distrito, históricamente afectado por homicidios, extorsiones y desplazamiento forzado, enfrenta una nueva escalada de violencia que ha dejado a la población en medio del fuego cruzado. Según organizaciones sociales, en lo que va del año se han reportado más de 50 muertes violentas y decenas de familias desplazadas de zonas como La Bocana y el Naya, rutas clave para el narcotráfico.
“Este plan busca que la gente sienta que el control territorial no lo tiene la delincuencia, sino la institucionalidad. No podemos permitir que el miedo nos domine”, afirmó la gobernadora en el consejo de seguridad extraordinario tras revelar que las bandas delincuenciales insisten en extorsionar y cometer homicidios, por lo que no les serán levantadas las órdenes de captura como lo había exigido en la visita del presidente Gustavo Petro Urrego.
Entre las medidas anunciadas destacan el despliegue de Fuerzas Especiales en zonas críticas, la llegada de 100 policías adicionales y el apoyo de la Armada con 2000 integrantes en áreas rurales.
Además, se ofrecerán recompensas de hasta $200 millones por información que lleve a la captura de los criminales más buscados, cuyos nombres se publicarán en un cartel. “La seguridad es un trabajo de todos. Necesitamos que la comunidad nos ayude”, insistió Toro Torres, quien junto a su equipo despachará desde Buenaventura la próxima semana para coordinar acciones concretas en materia de inversión social e infraestructura con las autoridades locales.
La alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba respaldó el plan ordenado por la mandataria seccional pero advirtió que los esfuerzos locales y regionales no son suficientes: “Solicitamos al Gobierno Nacional más intervención social y militar. Esta violencia absurda no puede seguir cobrando vidas”.
El contralmirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, aseguró que las operaciones se extenderán a corredores estratégicos donde operan los grupos armados. “Mantendremos una presencia contundente para golpear a estas estructuras”, afirmó tras anunciar que en adelante será un permanente accionar contra las bandas criminales que siguen sembrando miedo y terror en Buenaventura.
Fabio Cardozo, jefe negociador por parte del gobierno en la Mesa Sociojurídica establecida con estas bandas criminales manifestó que se continúa en el diálogo con estos actores delincuenciales, pero advirtió que deben dar muestras claras de voluntad de paz, señaló la gran dificultad que hoy hay en Buenaventura por las descaradas “vacunas” a los distribuidores y comerciantes por los productos de la canasta familiar.
Mientras tanto, los habitantes de Buenaventura esperan que las promesas se traduzcan en una tregua real a la crisis humanitaria que, por décadas, ha marcado a esta ciudad y que siempre han quedado en vanas promesas incluyendo las del actual gobierno del presidente Gustavo Petro.
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