Tres recientes informes de entes y organizaciones internacionales advirtiendo sobre el deterioro de la situación humanitaria en Colombia no solo resulta alarmante sino que, además, pone de presente que carecen de la mínima veracidad las controvertidas posturas gubernamentales en torno a que “la situación no es tan dramática” y que muchas de las denuncias sobre el pico de violencia y la afectación creciente a la población civil provienen de sectores que buscan “maximizar” la crisis de orden público con una presunta intención de oposición política.
No se sabe cuál de los informes es más complicado. Como ya lo referenciamos en estas páginas, el de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que es una dependencia de la Naciones Unidas, advierte que entre enero y febrero de este año la situación de violencia se intensificó a tal punto que terminó por afectar a más de 695 mil personas que fueron impactadas por fenómenos de desplazamientos masivos, confinamientos y restricciones a la movilidad derivadas de situaciones de conflicto armado, así como por desastres de origen natural.
Tras recordar que en 2024 ya se habían reportado cifras críticas, la agencia de la ONU advierte que en el primer bimestre de 2025 el escenario empeoró, al punto que entre enero y febrero se superó el total de personas desplazadas en eventos masivos reportadas en todo el año pasado.
Como era de esperarse, la principal alerta se dio por la región del Catatumbo (Norte de Santander), en donde los combates entre Eln y disidencias de las Farc dejaron decenas de muertos y más de 80 mil personas desplazadas y confinadas. Como se sabe, allí fue necesario declarar un estado de conmoción interior que lleva ya dos meses de vigencia, sin que todavía se haya podido recuperar el control territorial e institucional.
Sin embargo, no es el único foco de preocupación en materia de emergencias humanitarias. La OCHA también alertó sobre crisis en Chocó, Cauca, Antioquia, sur de Bolívar, Arauca y Córdoba. Todas esas zonas se han visto golpeadas por acciones cruentas de grupos armados ilegales, combates entre distintas facciones, atentados con explosivos y otros tipos de “violencia selectiva”.
Y hablando de la alarmante situación de desorden público e inseguridad en Catatumbo, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) también denunció esta semana que los grupos armados ilegales “que se disputan la región” han cometido graves abusos, dejado decenas de muertos y desplazado a no menos de 56 mil habitantes de esa atribulada zona en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Además de los asesinatos y uno de los mayores casos de desplazamiento forzado de población en la historia del país, HRW advierte que tanto el Eln como el ‘frente 33’ de las disidencias han incurrido en otros múltiples y graves delitos, como el reclutamiento de niños, desapariciones, secuestros de civiles , policías y militares, y hasta imposición de trabajos forzados.
Por lo mismo, la organización no gubernamental advierte que la población allí enfrenta “una grave desprotección por parte de las autoridades estatales”.
La situación es tan grave en esta región que el viernes el propio secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió de la alta preocupación por la crisis de orden público en la frontera colombo-venezolana.
Tras los dos reportes ya descritos, el turno le correspondió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que denunció que en 2024 el deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó su punto más crítico en los últimos ocho años.
De acuerdo con la entidad global de socorro, “la intensificación de las hostilidades, el endurecimiento del control de los grupos armados sobre la población civil y la creciente falta de respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) aumentaron de manera alarmante los riesgos para la vida, la integridad y la dignidad de miles de personas”. No en vano el CICR documentó 382 presuntas violaciones a las garantías fundamentales, la mayoría relacionadas con vulneración al derecho a la vida e integridad física y mental de los civiles, así como con el incumplimiento de la obligación de las partes en conflicto en cuanto a tomar precauciones para proteger a la población y bienes de los no combatientes.
Como se ve, estos tres informes no hacen más que confirmar lo que para todo el país, desde gobernadores y alcaldes, pasando por los entes de control y el pleno de las autoridades seccionales y locales, es la dura realidad hoy en gran parte del territorio: los grupos violentos de distinta laya están imperando a sangre y fuego, combatiendo entre sí por el dominio de los corredores y enclaves de economías ilícitas (narcotráfico, minería criminal, tráfico de personas, contrabando y otros), así como victimizando gravemente a la población a través de una racha de masacres, asesinatos selectivos, secuestros, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y otros delitos de alto impacto.
Colombia está ante un escenario en que el Estado Social de Derecho que está siendo superado por el accionar de los violentos en los territorios, a tal punto que, como lo advirtiera semanas atrás la Defensoría, en el 73 % de los municipios hay presencia de grupos armados ilegales.
A ello debe sumarse el pico de delincuencia común y organizada en muchas ciudades y cascos urbanos, en donde hurtos, microtráfico y extorsión tienen acorralados a los habitantes… Pese a todo lo anterior, hay voces gubernamentales que siguen insistiendo en que “la situación no es tan dramática” o se está maximizando.
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