Los arroceros de varios departamentos como El Meta, Tolima, Huila, Norte de Santander, Casanare y del Caribe Colombiano mantienen bloqueos de varios importantes corredores viales en protesta por los bajos precios del cereal y exigen la atención y apoyo del Gobierno del Presidente Gustavo Petro.
El sector arrocero enfrenta múltiples desafíos, entre ellos la reducción de los precios del arroz en cáscara, el alto costo de los fertilizantes y el contrabando del grano. Agricultores reportan pérdidas de hasta dos millones de pesos por hectárea cosechada, lo que amenaza la viabilidad de su actividad económica.
La caída de los precios, el incremento de las importaciones y el contrabando han llevado a los productores a convocar un paro nacional indefinido que amenaza con paralizar la economía de varias regiones.
En el Huila, 4.500 familias en 17 municipios dependen directamente de este cultivo. Campoalegre, conocida como la «capital arrocera» del departamento, cultiva más de 7.000 hectáreas, pero la crisis amenaza con paralizar su economía. Los cultivadores de arroz han establecido horarios de paso en la Ruta 45, cada 6 horas con paso en ambos sentidos de una hora
En los llanos orientales como en Huila,El Tolima y Valle del Cauca,la situación es insostenible. El precio de la carga de arroz paddy verde ha caído un 19%, pasando de $230,000 a $185,000, mientras los costos de producción superan los 9 millones de pesos por hectárea, generando pérdidas millonarias para miles de familias.
La movilización, convocada por Dignidad Agropecuaria, se extiende por los departamentos de Huila, Tolima, Meta, Casanare y Norte de Santander, y busca presionar al Gobierno nacional para que adopte medidas que garanticen la estabilidad económica del sector.
El gremio arrocero pide al Gobierno Nacional la revisión urgente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para frenar la competencia desleal con productos subsidiados.
Así mismo en el pliego de exigencias de los arroceros, solicitan la convocatoria inmediata del Consejo Nacional Arrocero para establecer una política de precios justos, el control de los precios de los insumos agrícolas, la suspensión de importaciones de arroz de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) especialmente del Ecuador y un control efectivo del creciente contrabando.
Los arroceros han sostenido diálogos con el Gobierno Nacional por más de cinco meses sin lograr acuerdos. Acusan a las autoridades de priorizar los intereses de la industria sobre las necesidades de los pequeños productores. Además, advierten que de continuar la situación actual la crisis podría generar el cierre de numerosas unidades productivas en todo el país.
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