Un juez federal ha ordenado este viernes suspender el plan del Gobierno estadounidense de dejar en situación de excedencia a 2.200 funcionarios de USAID, la agencia federal de cooperación al desarrollo, apenas horas antes de que la medida fuera a entrar en vigor y cerraran sus oficinas en todo el mundo.
Esas excedencias son una pieza clave en la estrategia de la Casa Blanca para el recorte de gasto burocrático que encabeza el multimillonario Elon Musk, máximo responsable el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), para desmantelar una agencia gubernamental que consideran “corrupta” y llena de “liberales radicales de izquierda”.
«No deberían poner a esas 2.200 personas en excedencia administrativa», ha determinado el juez de distrito Carl Nichols —nombrado por el propio presidente estadounidense, Donald Trump— en una vista celebrada este viernes en Washington.
El magistrado también sopesa si cancelar las excedencias ya formalizadas de otros 500 trabajadores de USAID. Los planes del republicano para la agencia son, en última instancia, que la plantilla de la institución pase de los alrededor de 10.000 trabajadores antes de su llegada a la Casa Blanca a 294.
La agencia federal, la mayor del mundo en el ámbito de la cooperación, desembolsa cada año cerca de 44.000 millones de dólares (una cifra similar en euros) para proyectos que abarcan desde la ayuda humanitaria a la lucha contra el tráfico de personas, el medio ambiente y la supervivencia de millones de personas que dependen de sus proyectos sociales, culturales y productivos para sobrevivir.
Pero tanto Musk como Trump han arremetido contra USAID al considerar que el dinero que se han venido invirtiendo en proyectos en el exterior es un “derroche” y que se había convertido en una guarida de “criminales”.
El presidente estadounidense ya había ordenado hace dos semanas la congelación de casi toda la ayuda exterior estadounidense mientras se lleva a cabo una revisión de 90 días sobre la validez de cada proyecto.
El recorte a Usaid o su desaparición sacudirá duramente a Latinoamérica y deja importantes programas sociales en el limbo.
América Latina enfrentará por esta decisión las consecuencias de la suspensión de los fondos o la eliminación total de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que en 2024 aportó a la región 2.300 millones de dólares, una decisión prometida en campaña y adoptada por el presidente Donald Trump, que amenaza la continuidad de los programas en 130 países y perjudicará a millones de personas que hasta ahora se beneficiaban de la cooperación estadounidense.
Lo que comenzó como una medida temporal de noventa días para «reducir el gasto público y la burocracia, reevaluar la eficacia de los programas y prevenir el posible uso indebido de los fondos» se ha transformado en una situación incierta para Usaid, una entidad que «ha llegado el momento de que muera», según el magnate y hombre más rico del mundo Elon Musk, principal asesor de Trump y responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos.
Aunque un juez federal bloqueó temporalmente la decisión este viernes, Trump planea reducir su personal de 10.000 a solo 290 puestos, que son considerados «esenciales», según The New York Times, y ha transferido su control al Departamento de Estado, que lidera Marco Rubio poniendo fin a seis décadas de operaciones de la agencia, que ha destinado miles de millones de dólares a programas humanitarios en todo el mundo, incluyendo América Latina, cuya oficina quedaría reducida a ocho personas.
En Colombia, los aportes de Usaid ascendieron a casi 400 millones de dólares en 2024, destinados a programas humanitarios, cooperación judicial, seguridad, educación, sanidad, paz, igualdad, medioambiente, cultura y migración. La situación es similar en otros países de la región.
El desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) será un duro golpe a diversas medidas, entre ellas, la asistencia humanitaria en Colombia, los esfuerzos de conservación en la Amazonía brasileña y la erradicación de la coca en Perú, países sudamericanos que han sido una prioridad de la agencia.
Desde hace mucho tiempo, Colombia ha sido el mayor receptor de ayuda estadounidense al extranjero en América del Sur. Recientemente, los fondos de la USAID han apoyado la ayuda humanitaria de emergencia para más de 2,8 millones de venezolanos que huyeron de la crisis económica. Tan solo en 2024, el organismo transfirió alrededor de 45 millones de dólares al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, principalmente para ayudar a ese grupo.
El final de la asistencia humanitaria estadounidense en Colombia, Brasil y otros países latinoamericanos es un completo revés para los venezolanos expatriados. La semana pasada, el gobierno de Trump también revocó el estatus de protección temporal que había permitido que unos 600.000 venezolanos permanecieran en Estados Unidos. El primer grupo de gran magnitud podría ser deportado en unos dos meses.
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