La Fiscalía General de la Nación decidió reactivar las órdenes de captura contra los miembros del ELN que fungían como representantes de esa guerrilla en la mesa de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro.
La decisión ocurre justo después de que fuera anunciada suspensión de los diálogos la posibilidad tras la crisis de orden público que enfrenta el Catatumbo ya que el grupo guerrillero desató una guerra a sangre y fuego con las disidencias del Frente 33 de las FARC que deja al menos cien muertos y 32.000 personas desplazadas de acuerdo a los datos suministrados por la Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Norte del Santander que han atendido la crisis humanitaria e incertidumbre creada por la reciente “matanza”.
La orden de reactivar la búsqueda internacional cobijó a Israel Ramírez Pineda más conocido por su alias como “Pablo Beltrán”, jefe negociador de esa guerrilla y máximo líder de la agrupación ilegal, y a Eliécer Herlinto Chamorro Acosta alias “Antonio García”, cabecilla militar del ELN y otros 29 cabecillas de los frentes de guerra , algunos protegidos en Cuba y Venezuela, por lo que ya se entró en contacto con la Interpol y los gobiernos para extradictarlos.
Los diálogos entre el Gobierno y ese grupo subversivo están congelados desde abril del 2024. Pese a las intenciones del Ejecutivo por reactivar los acercamientos, los ilegales han hecho peticiones difíciles de cumplir y han profundizado las crisis humanitarias como dos paros armados en el departamento del Chocó y la guerra desatada que libran –con al menos 4.000 de sus hombres– en la región del Catatumbo en donde vienen ejerciendo control territorial.
Los representantes del ELN en la mesa de paz arrastraban con los beneficios de suspensión de órdenes de captura desde 2022 y 2023, cuando el presidente Petro decidió abrirle la puerta al diálogo con su política de la «Paz Total», después del fracasado intento durante la administración de Iván Duque por la muerte de los 22 cadetes en la Escuela Militar Simón Bolívar en Bogotá y el atentado contra el helicóptero en el que se desplazaba en Cúcuta.
“El incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN, da lugar a reactivar las órdenes de captura suspendidas en su momento por solicitud del Presidente de la República”, se lee en la resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, quien señaló que toda capacidad institucional y operativa del Ente Investigador serán destinadas a capturar los delincuentes del ELN.
La reactivación de las órdenes de captura ya fue comunicada a propia Presidencia de la República y al comisionado de paz, Otty Patiño Hormaza, quien era el contacto con la organización criminal con autorización del gobierno. A partir de ahora la fuerza pública tiene facultades para perseguir y capturarlos.
El ELN tiene 7 frentes de guerra y/o áreas estratégicas y un Frente Urbano Nacional. Cada frente está subdividido a 2019 en 29 frentes rurales y 22 compañías móviles, todo con alcance nacional. Los frentes rurales están compuestos por “columnas”, “compañías», “destacamentos”, “escuadras» y “tríadas».
Además de los frentes urbanos y rurales, funcionan las milicias populares que cumplen labores logísticas para el ELN de forma descentralizada. De igual manera, es notable la presencia del ELN en Venezuela, reforzada la teoría con investigaciones hechas por ONG´s.
El ELN fortalecido en los dos últimos años actúa con su estructura militar y campos de operaciones con control territorial en la zona del Catatumbo en Norte de Santander. También lo hace en Arauca, Sur de Bolívar, Antioquia (región del Bajo Cauca), Cauca, Chocó y Nariño y, ocasionalmente, en Boyacá, Casanare y sur del Cesar, además de milicias en las seis grandes ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta) con más de 6500 integrantes alzados en armas.
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