El alto tribunal propone incentivos a funcionarios y particulares para desentrañar la red de corrupción que involucra a seis congresistas sospechosos de actos ilícitos.
En un esfuerzo por destrabar el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció la posibilidad de otorgar beneficios a funcionarios y particulares que brinden información clave.
Esta decisión busca fortalecer la investigación y judicializar rápidamente a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, señalados de haberse beneficiado ilícitamente de contratos con la entidad.
Se trata de Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
Según fuentes del tribunal, el objetivo es recolectar testimonios que permitan identificar el grado de participación de los parlamentarios en el esquema corrupto. Entre los posibles colaboradores que la Corte espera motivar se encuentran los confesos delincuentes Sneyder Pinilla y Olmedo López, protegidos por la Fiscalía en una Guarnición Militar y quienes, según las investigaciones, poseen información relevante sobre la ejecución de estos actos ilícitos.
“Las declaraciones de los testigos no aforados son cruciales para avanzar en este proceso, ya que muchos de ellos cuentan con detalles que podrían esclarecer cómo operaban estas redes de corrupción”, señalaron fuentes cercanas al caso del entramado de corrupción.
Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos significativos. La principal dificultad radica en la falta de entrega oportuna de pruebas por parte de la Fiscalía, lo que ha retrasado la judicialización de los verdaderos responsables de los hechos delictivos. Hasta el momento, el tribunal solo ha recibido la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien optó por guardar silencio en una diligencia realizada en diciembre de 2024.
Además, varios testigos esperan que se negocien acuerdos y principios de oportunidad para garantizar que su cooperación no resulte en autoincriminación. La Corte Suprema busca acelerar este proceso ofreciendo beneficios como incentivos legales a aquellos que aporten información sustancial y real para esclarecer los hechos.
El caso UNGRD sigue sacudiendo el ámbito político del país, evidenciando las dificultades que existen desde los órganos de control y judiciales para combatir la corrupción y la necesidad de fortalecer los mecanismos legales para garantizar transparencia y justicia.
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