La Contraloría General de la República publicó un reporte de auditoría sobre la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en el que quedan expuestos 27 hallazgos fiscales en la entidad responsable de devolver las propiedades a los campesinos desplazados por la violencia.
El reporte indica que Giovanni Yule Zape, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, junto a otros altos funcionarios, emitió resoluciones dictando giros por casi 8 mil millones de pesos, excediendo sus responsabilidades y asumiendo las competencias exclusivas de jueces y magistrados; pagos en un supuesto cumplimiento de las órdenes judiciales.
La Contraloría también indicó que se pagaron otros 7 mil millones de pesos en contravía de las decisiones judiciales. Pese a que estas dictaban que se debía entregar tierra, ellos entregaron recursos en efectivo y, en algunos casos, a personas que no eran las beneficiarias.
El reporte detectó otros supuestos daños al patrimonio público por 4.300 mil millones de pesos que fueron pagados a individuos no mencionados en las resoluciones. La Unidad aclaró que los realizó debido a que los beneficiarios solicitaron que el dinero se distribuyera a terceros.
De igual manera, el informe señala que los fondos legalmente destinados a la restitución de tierras se emplearon para llevar a cabo actividades organizativas (convocatorias a reuniones de empleados de la entidad de manera virtual o presencial, actividades de recursos humanos, etc.), o para financiar «ollas comunitarias» sin que haya evidencias contables que permitan determinar el uso de dichos fondos.
Los 27 hallazgos realizados por la Contraloría a cargo de Carlos Hernán Rodriguez Becerra suman un total de 57 mil millones de pesos. Una cantidad que enciende las alertas en la entidad fiscal, ya que además implica que muchos de estos descubrimientos podrían acarrear repercusiones disciplinarias y penales.
Esta dependencia está adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La URT es una entidad administrativa que tiene como objetivo restituir las tierras de las personas despojadas, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011.
Sin embargo ha sido el propio , el director de la Unidad de Restitución de Tierras Giovanni Yule Zape, quien le ha salido a paso a las supuestas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la Nación.
Yule explicó que las diferencias surgen por la interpretación de normas complejas y anunció que han solicitado una mesa de controversia con la Contraloría para resolver las inquietudes. Además, destacó que la entidad ha realizado ajustes internos, en el marco de la Ley 1448 de 2011, con el objetivo de beneficiar a las víctimas de despojo y abandono de tierras.
“La restitución es un derecho fundamental, y debemos cumplir las sentencias de forma rápida y conforme a la ley. Seguimos las indicaciones del presidente Gustavo Petro para reparar integralmente a las víctimas”, afirmó Yule.
Según el director general de la URT, durante el actual gobierno se ha inscrito más del 70% de las solicitudes de restitución y se ha avanzado en el 53% del histórico de hectáreas demandadas, lo que representa un esfuerzo significativo en el cumplimiento de las metas de restitución.
El alto funcionario oriundo de Caloto y destacado dirigente indígena también mencionó que en auditorías previas, como la realizada en 2016, la Contraloría revisó casos similares sin señalar irregularidades, lo que evidencia la necesidad de claridad en la interpretación de las normas aplicadas.
La Contraloría envió copias de los supuestos hallazgos Fiscales a la Fiscalía General de la Nación para que se examinen a su juicio las presuntas anomalías mencionadas en el reporte para determinar si existen o no responsabilidades penales.
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