El asesinato del pastor Marlon Lora, su esposa, Yorley Rincón, y sus hijos, Ángela y Santiago Lora Rincón ha generado gran conmoción en el departamento de Cesar, ya que la familia del religioso se encontraba departiendo en un restaurante, ubicado en la calle quinta con carrera 30 sobre el mediodía del domingo 29 de diciembre de 2024 en el municipio de Aguachica.
Las principales hipótesis de los investigadores judiciales y policiales indican que el ataque sicarial pudo estar dirigido a otra persona y no al religioso ni a su esposa tambien líder pastoral e hijos, sino a un tercero que se encontraba en la mesa con ellos. Sin embargo, los atacantes ingresaron al local habrían dispararon en contra la familia para evitar que su objetivo se escapara.
Ante la gravedad de los hechos, Greisy Roqueme, alcaldesa de Aguachica, anunció la implementación de un toque de queda como respuesta inmediata al asesinato de la familia Lora Rincón. Según informó, esta medida busca garantizar la seguridad de los habitantes mientras avanzan las investigaciones sobre el caso.
De acuerdo con el anuncio oficial, el toque de queda entró en vigor de este domingo 29 de diciembre a las 8:00 p. m. y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del lunes 30 de diciembre en medio de la preocupación por la seguridad pública, después de este hecho que sacudió al municipio y se constituyó en la masacre No.76 del 2024
El hecho generó rechazo en el territorio nacional por lo que se desataron varias reacciones. Una de las más recientes fue del presidente Gustavo Petro, que dejó el siguiente mensaje: “Masacrada toda una familia en Aguachica. Le pido a la Policía de Colombia emplearse a fondo en descubrir y entregar a la justicia a los criminales”.
Del mismo modo, la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior publicó un mensaje de indignación y rechazo hacia este violento acto: “Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y la comunidad religiosa. Hacemos un llamado urgente a la Fiscalía, la Policía y autoridades locales a esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables. Hacemos un llamado a la Defensoría, Procuraduría, Unidad Nacional de Protección y la Policía para que sumemos esfuerzos conjuntos a favor de la prevención y protección del derecho humano a la libertad religiosa y de cultos, tanto en Valledupar como en todo Colombia”.
Tras lo ocurrido, la gobernación del Cesar y la alcaldía municipal rechazaron el crimen, así como ofrecieron una recompensa. “La gobernación se solidariza con la familia que hoy sufre esta pérdida y con todo el pueblo aguachiquense, y en nombre del Gobierno del Cesar y la Alcaldía de Aguachica ofrece una recompensa de hasta $50 millones, por información que conduzca al paradero de los responsables del hecho”.
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