Un inspector de Policía de Cali de la comuna 17, ordenó el cierre definitivo de la Carpa La 66, situada en el sur de la ciudad, tras la realización de una audiencia pública que se llevó a cabo.
El funcionario a cargo ordenó el cierre definitivo de este lugar, que estaba situado en una zona residencial, y que causó polémica entre los habitantes porque los ruidos, según sus denuncias, eran muy altos.
“Suspender definitivamente la actividad descrita en los códigos CIIU 9007, actividades de espectáculos musicales en vivo; código CIIU 5630, para expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, y código CIIU 2511, fabricación de productos metálicos para uso estructural en el predio ubicado entre la carrera 65 y carrera 66 con calle 13, del barrio El Limonar, comuna 17 de Santiago de Cali”, indicó el inspector de Policía en el documento.
En la misiva, el inspector de policía pidió que esa decisión fuera remitida a la Policía Metropolitana de Cali y también al Comando de Policía de El Caney para que tomen las acciones correspondientes. Al tiempo que resuelve “Imponer las medidas correctivas descritas en el numeral 7 y 19 del artículo 173 de la Ley 1801 de 2016, y en todo caso multa general tipo 4 correspondiente al valor de $ 693.328, es decir, 14,73 UVT descrita en el numeral 12 del artículo 92 de la misma Ley en contra del señor Carlos Hernán Paz Guillén”, se lee en el documento.
Paz Guillén es el reconocido propietario de este establecimiento, quien aseguraba que había cumplido con las normas exigidas por las autoridades de Cali de las cuales se quejó por sentir que estaba siendo «perseguido» y que ha causado molestia entre los habitantes de esta zona de la capital vallecaucana.
Igualmente desde la Inspección de Policía remitieron una solicitud a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen el presunto delito de falsedad en documento público.
“Correr traslado a la Fiscalía para que se investigue el presunto delito de falsedad en documento público, toda vez que, según lo evidenciado en la prueba emitida por Planeación Distrital Santiago de Cali, el documento que reza como uso de suelo emitido en marzo de 1999 no corresponde a la dirección del entregado por el querellado, correspondiendo a otro predio, por lo que se deben realizar las respectivas investigaciones”, señaló el escrito.
Además explicó finalmente el Inspector de Policía que: “Tanto la parte querellante como la querellada presentaron recursos de reposición y apelación, los de reposición fueron resueltos de forma negativa por el mismo inspector que adoptó la decisión y quien envió el expediente a la Secretaría de Seguridad y Justicia para que en segunda instancia resuelva las apelaciones”, dependencia que confirmó el fallo.
Finalmente se supo que este predio en cuestión donde se ubica la Carpa de la 66 y se han realizado grandes eventos está en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y se lo habían arrendado a lo empresarios musicales que colocaron un reconocido establecimiento de rumbas. Por lo anterior, el inspector de Policía aseguró en su decisión: “A fin de que como propietarios del predio urbano entre la carrera 65 y 66 con calle 13, conozcan de las restricciones de las actividades que no se deben realizar en el predio por las personas que lo ocupan ni por posteriores ocupantes”.
Los conciertos que iban a realizar en el marco de la Feria de Cali no se realizarían tras esta decisión. Se espera que los organizadores puedan entregar más detalles al respecto y se inicie la respectiva devolución de los dineros por las entradas adquirida previamente por el público.
Por su parte, Sandro Paz, coordinador operativo de la Carpa La 66, dijo que esta decisión es un golpe a la economía de cerca de 1200 familias en cali que son ocupadas temporalmente por la jornada ferial . “Son de alrededor de $ 6.000 millones más o menos, pero la pérdida más grande no es esa, sino el factor humano, lo que están dejando de percibir los empleados. Para hacer un ejemplo, un mesero que puede ser un estudiante o una madre cabeza de hogar puede llevar en esos cinco días entre $ 1.800.000 y $ 2.000.000, con lo que garantizan una semana tranquila en Navidad con su familia y un recurso”, dijo.
Entre tanto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en su cuenta de X, expresó: “A Cali la tenían acostumbrada al desgobierno, desde las motos por los andenes hasta eventos multimillonarios sin permisos que no cumplían con la norma. Todo esto en detrimento del bienestar de los ciudadanos. A mi me eligieron para recuperar a Cali y las cosas están cambiando; la ley se respeta y nadie, por más poderoso que se crea, está por encima de ella. La nueva Cali respeta las normas”.
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