El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, remitió a la Fiscalía una denuncia anónima que le llegó en octubre pasado y que vinculaba al círculo cercano del presidente con aparentes malos manejos en la hidroeléctrica de Urrá en Córdoba.
En las últimas horas se conoció que las personas vinculadas en esa denuncia son Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, y a Ricardo Roa, actual gerente de Ecopetrol.
“Es un anónimo que fue entregado a la Fiscalía para averiguación, son 3 o 4 anónimos referidos a Urrá. Yo radiqué la denuncia con esos anónimos y no está personalizada. Hablan de varias personas y hechos”, señaló el ministro Bonilla al explicar que no quiere pecar por omisión.
La denuncia remitida al ente invetsigador por Bonilla versa sobre la aparente presión indebida que ejercieron Roa y Alcocer Petro sobre la junta directiva de Urrá.
El presunto interés de los denunciados sería favorecer a David Cerón y Lucía Muñoz –supuestos dueños de la empresa Luz Power– encargados de construir un parque solar flotanteen Urrá aun costo de 3.5 billones.
Por su parte, según el MinHacienda, Ricardo Roa negó rotundamente las acusaciones, afirmando que desconoce los hechos que menciona la denuncia y que ni siquiera tiene relación con la junta directiva de Urrá. Además, Roa señaló que Bonilla actuó con base en un anónimo recibido en el Ministerio y que, según él, “simplemente debía trasladar la información”.
La Central Hidroeléctrica Urrá, en Córdoba, está bajo la lupa de las autoridades. Hace unas semanas, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, liderada por Andrés Idárraga Franco, decidió abrir un expediente sobre presuntos sobornos a contratistas de la empresa.
También la Procuraduría indaga billonarias irregularidades en adjudicación de contratos en la hidroeléctrica Urrá, en la que se señala que al parecer hasta 10 empresas obtuvieron beneficios irregulares al quedarse con los contratos. Contratos que suman $1,4 billones y tres de las organizaciones salpicadas tienen vínculos con personas cercanas al presidente Gustavo Petro.
Además, la Contraloría General ordenó una investigación especial a la hidroeléctrica por posibles irregularidades en la venta de energía, que habrían causado pérdidas superiores a $300.000 millones. El foco está en contratos que, al parecer, se otorgaron “a dedo” y sin licitación, que concentraron en pocas empresas, lo que habría beneficiado a estos comercializadores con altos márgenes de ganancia. Urrá, donde el Estado colombiano tiene el 99,98% de participación, está en la mira.
Debe estar conectado para enviar un comentario.