Con el guiño y beneplácito del Presidente Gustavo Petro el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos logró sacar adelante la reforma de mayor impacto fiscal y probablemente político, de los últimos años, la cual fue aprobada por una mayoría aplastante la noche de este lunes 2 de diciembre en la Cámara de Representante.
Con 134 votos por el sí y 2 por el no se aprobó la iniciativa que aumenta progresivamente, en 15 puntos porcentuales la plata que la Nación les gira a las regiones, en un periodo de 12 años, y que ha encendido las alarmas de técnicos y las calificadoras de riesgos internacionales.
Se trata de un trascendental proyecto que congregó a toda la clase política del país, que dividió al Gobierno entre el sector técnico – encabezado por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el director del DPS Alexander López- y el político liderado por Juan Fernando Cristo Bustos (por el que finalmente tomó partido el presidente Gustavo Petro) y que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), una iniciativa que pasó desapercibido en sus primeros cinco debates, pero que ha tenido todos los reflectores en su recta final.
En la Cámara se repitió lo que ya se vivió en Senado, una votación aplastante en favor de la iniciativa que ya venía siendo promovida desde hace varios años por el ministro Cristo Bustos, desde antes de llegar al Gobierno y que tenía el apoyo de la mayoría de gobernadores del país.
Ahora se viene la conciliación con el texto del Senado. Pero su entrada en vigor dependerá de una ley de competencias que deberá tramitarse máximo en dos años.
“Esta reforma al Sistema General de Participación (SGP), así el ministro se burle, quiebra al Estado”. Así fue la contundente apreciación de la representante Katherine Miranda, sobre la reforma al sistema de transferencias de recursos a las regiones” sentenció la congresista Luvi Katherine Miranda Peña, quien se opuso a esta iniciativa legislativa .
Advirtió, con cifras suministradas por el propio Ministerio de Hacienda, de las consecuencias económicas para el país al aprobarse el Acto Legislativo. “Considerando que las últimas reformas tributarias han recaudado en su primer año 16 billones de pesos, a precio de 2024 se requerirían nueve reformas tributarias de esta misma magnitud entre 2027 y 2035”.
“Están cayendo en un juego preelectoral”, dijo la congresista durante el octavo y último debate del proyecto que, aunque inicialmente no era una iniciativa del gobierno, terminó siendo una bandera de la bancada Petrista y tuvo respaldo de los gobernadores porque aumentaría a 39,5. % progresivamente hasta el año 2039.
A este consenso se sumaron Gobernadores y congresistas de la oposición que apoyaron en consenso político la iniciativa que viene impulsando el Ministro Cristo Bustos, al cual también se opuso los técnocratas del Banco de la República y el Comité de la Regla Fiscal los cuales advierte el impacto fiscal que la modificación de la trasferencias podría desestabilizar las finanzas de la Nación.
Para los mandatarios regionales esto marcará un antes y un después en nuestra Nación. Durante décadas, los municipios y los departamentos han sido relegados a un segundo plano porque no tienen los recursos. La centralización de los recursos y del poder ha generado profundas desigualdades en las regiones. Anunciaron que resulta necesario destacar que este proyecto no va a quebrar a Colombia. Hay que darles a paso a las entidades territoriales y para ello es necesario disminuir el tamaño del Gobierno central.
Sin embargo, pese al consenso político las alertas promovidas, desde los sector técnicos advierten como el Banco de la República el cual prevé una reducción del PIB del 12 %, la caída en el consumo privado del 18 %, reducciones de la inversión 2 privada en un 34 % y la imposibilidad de comprar bienes y servicios mediante importaciones con una reducción de estas del 28 %».
El proyecto en sí busca, básicamente, aumentar del 23,8 a 39,5 por ciento los recursos que el Gobierno central les gira cada año a los departamentos de los ingresos corrientes de la Nación, de manera gradual.
Según sus autores y ponentes, este es un paso trascendental para avanzar en la descentralización de Colombia, tal como lo estableció la Constitución Política de 1991.
El periodo de transición será de 12 años, a partir del año siguiente a la expedición. Así lo establecen sus tres artículos que fueron aprobados por la mayoría de la Cámara, lo que ha sido celebrado en las regiones pues entre otras cosas se podría eliminar el desfile y rogativas de mandatarios seccionales y locales ante los funcionarios tecnócratas de ministerios y dependencias gubernamentales para que les sean aprobados proyectos, les giren los recursos y se puedan hacer la obras y programas en los territorios en el tradicional asfixiante centralismo burocrático de la Nación.
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