Provenientes de los municipios de El Tambo y Argelia al menos 900 habitantes de esta región protestan contra la presencia militar y la falta de atención del gobierno nacional a sus peticiones de inversiones sociales e infraestructura.
A través de un comunicado público, campesinos manifestantes de Argelia y El Tambo, los dos municipios que concentran uno de los enclaves con más hectáreas de coca del mundo, le exigen al Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego que renuncie a construir una hidroeléctrica, que frene la operación militar para tomar el control de su región, y que desista de la idea de comprar la hoja de coca que se produce allí.
“Continuaremos en nuestras acciones de movilización hasta que nuestras exigencias sean escuchadas y avancemos en la construcción colectiva de soluciones que garanticen la justicia social y ambiental”, dice el documento.
Las movilizaciones comenzaron en la noche del pasado miércoles 27 de noviembre, y Duverney Galvis, líder de la Asociación Campesina Agrícola y Ambiental de Huisitó, una vereda de El Tambo, señaló que ve como insuficientes las propuestas del Gobierno. “Hace un mes vinieron a decir que estaban con los pobladores, pero, aunque hemos pedido que nos escuchen, siguen adelante con unos proyectos que no vemos viables. Nos generan afectaciones ambientales al territorio y las intervenciones militares han dejado civiles desplazados”, sostuvo.
El dirigente se refiere a la zona conocida como el cañón del río Micay, que incluye a partes de los municipios de Argelia, El Tambo, López de Micay, Guapi y Timbiquí, en los que la economía cocalera es central y el 80 por ciento de sus habitantes viven literalmente de la producción bajo el patrocinio de los grandes carteles Mexicanos y la constante permanencia de grupos armados ilegales.
Según el líder campesino, él y sus pares han pedido al Ejecutivo Nacional una reunión de alto nivel cara cara con el presidente Petro que no se ha dado, en contraste con las que se han hecho con pueblos indígenas de la región. Por eso, dice, se han movilizado para exigir el encuentro y explicar su rechazo a las ideas del mandatario.
“La propuesta de compra de hoja de coca fue muy peligrosa porque no tiene sustento. Es inviable que se comprometan con los campesinos a hacer eso, cuando el Gobierno no tiene el dinero suficiente para comprar las 12.600 hectáreas de coca que hay en esta región”, es una izada a la bandera, manifesta el líder campeisno.
También critican el anuncio del presidente de apoyar la construcción de la represa Arrieros del Micay, un proyecto planteado desde 1997 para la generación de energía. Aunque el Ministerio de Ambiente ha advertido sobre el impacto ecológico del proyecto, que ha estado congelado desde entonces, este Gobierno desempolvó la propuesta.
En enero pasado, en una visita a López de Micay, Petro Urrego en un sobrevuelo reconoció que la obra “tiene problemas con el ambientalismo”, pero defendió su construcción con el argumento de que es el único proyecto de embalse del Pacífico, que podría solucionar los problemas energéticos de la región.
“La construcción de la represa es algo a lo que nos hemos opuesto por casi 30 años y sobre lo que exigimos que se consulte con las comunidades”, dice Galvis. El Gobierno ha reiterado que respetará la voluntad de los pobladores y que cumplirá con la ley de consulta previa, que aplica para pueblos indígenas y afrodescendientes, antes de avanzar.
El tercer gran reclamo que moviliza a los campesinos es la Operación Perseo, la estrategia militar para retomar el control en El Plateado, un corregimiento y territorio rural que ha sido una trinchera de grupos disidentes de las FARC.
La orden presidencial de retomar el control a la fuerza proviene de directamente la Casa de Nariño. “Consideré que era fundamental, dada la negativa del EM [Estado Mayor Central, una de las grandes sombrillas de grupos disidentes] de conciliar un proceso de sustitución de cultivos ilícitos y liberación de las poblaciones del Cañón del Micay”, dijo el presidente Petro en octubre pasado.
La Operación Perseo es una intervención militar que busca recuperar el control del corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca, Colombia. La operación tiene como objetivo contrarrestar el financiamiento y la logística de los grupos armados ilegales que operan en la zona y es apoyada por el gobierno Departamental que orienta el gobernador Octavio Guzmán Gutiérrez.
Desde el Ministerio de Defensa dicen que el mandatario se refería a la estrategia de los disidentes de tomar control de las poblaciones a través de las amenazas, forzar desplazamientos e incluso “caminar por las calles con niños en los brazos”.
La orden de entrar y retomar el pleno control de El Plateado no es marginal. En 2022, otra operación llevó al Ejército al casco urbano de Argelia, fuera del cañón. En octubre de 2023, justo antes de las elecciones regionales, el registrador Alexander Vega y el entonces comisionado de Paz Danilo Rueda se reunieron con jefes locales de la disidencia llamada Carlos Patiño para «rogarles» que posibilitaran llevar las urnas.
Dos días después, el Ejército confirmó que con el pemriso de los insurgentes había logrado llevar el material electoral hasta El Plateado. Todo ello reveló el grado de control que ejercían los disidentes.
Hasta ahora, la única autoridad que se ha pronunciado por la movilización campesina ha sido la Alcaldía de Popayán, que ha asegurado que garantiza el apoyo para las personas que participan de la movilización. “Planteamos que consideren la forma de encontrar un espacio de diálogo con el Gobierno Nacional cuanto antes, porque un cierre a la vía Panamericana sería un golpe muy duro para la economía del Cauca y el suroccidente del país”, se lee en el comunicado de la Administración Municipal de la Capital del Cauca.
Los campesinos, no obstante, aseguran que su movilización será permanente en tanto no logren un espacio de negociación con ejecutivos del alto Gobierno o con el propio presidente Gustavo Petro y no con “funcionarios de sexta categoría, que no resuleve nada”, repitiendo un mecanismo de presión que han utilizado afros, indígenas y otros movimientos sociales por años y lograr firmar compormisos que luego no se cumplen.
Sin embargo a última hora se conoció que el taponamiento de la vía sería levantado este mismo 30 de noviembre una vez se llegó a un acuerdo previo con el liderazgo del Gobernador Octavio Guzmán y al trabajo articulado con Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y líderes del Cañón del Micay y el cual será revelado el lunes 2 de diciembre a la opinión pública en el Parque de Caldas junto a medios de comunicación para visibilizar las peticiones de las comunidades y seguir construyendo soluciones a través del diálogo.
Debe estar conectado para enviar un comentario.