Este martes, el Gobierno Nacional dio a conocer la resolución 453 de 2024 en la que designó como gestores de paz a 18 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con los que abrirá la mesa que anunció el pasado 3 de octubre durante un evento en Córdoba junto al máximo jefe de la otrora organización criminal Salvatore Mancuso.
De acuerdo con la resolución que fue firmada el pasado 8 de noviembre, la designación de estos 18 ‘exparas’ se da para que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.
Según el presidente Gustavo Petro, la idea central de esa propuesta es “terminar” ese proceso de desmovilización que se dio en 2005, hace casi 20 años, y entregar los bienes a las víctimas.
“Salvatore, ‘Macaco’, ‘Jorge 40′ podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que existía en esa época”, aseguró entonces el mandatario en un mensaje directo a Mancuso, que participó por primera vez en un encuentro con Petro tras su llegada a Colombia el pasado febrero luego de 15 años de extradición.
La lista de los ex jefes paramilitares que gozarán de la protección del Estado con robustos esquemas de seguridad con vehículos blindados y escoltas es la siguiente:Ramón María Isaza Arango, Arnubio Triana Mahecha,Héctor José Buitrago Rodríguez,Ramiro Vanoy Murillo,Hernán Giraldo Serna,Luis Eduardo Cifuentes Galindo,Manuel de Jesús Pirabán,Juan Francisco PradaMárquez,José Baldomero Linares Moreno,Salvatore Mancuso Gómez,Carlos Mario Jiménez Naranjo,Diego Fernando Murillo Bejarano,Hebert Veloza García,Rodrigo Tovar Pupo,Rodrigo Pérez Alzate,Fredy Rendón Herrera,Edwar Cobos Téllez y Héctor Germán Buitrago Parada.
Petro también aclaró en su momento que una mesa con los ex-AUC tendría como objetivo entregar tierras a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, aún se desconoce cómo se haría y bajo qué marco jurídico. Esto último, especialmente, porque para muchos analistas, si Petro no ha conseguido tener una base jurídica que sustente los diálogos con miras al sometimiento que lleva durante dos años con bandas criminales (Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó), es menos probable que logre una estrategia jurídica para los exparamilitares en tiempo récord.
Ese plan debe contemplar que la jurisdicción primaria que cobija a los exparamilitares es Justicia y Paz, un tribunal que sigue vigente en el país. Cualquier marco jurídico nuevo, podría generar roces con esa ley, cuya vigencia termina en 2025.
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