La Cámara de Representantes aprueba la reforma laboral del gobierno Petro.

El proyecto, que aún debe superar dos debates en el Senado, aumenta las horas con recargo nocturno, garantiza el pago del 100% en festivos y dominicales, incrementa la licencia de paternidad, amplía las licencias para mujeres con ciclos menstruales incapacitantes, crea el contrato laboral para aprendices del SENA y regula el trabajo de plataformas digitales, entre otras medidas

Este trámite  legislativo se dio en la Cámara de Representantes la que  ha aprobado en la tarde de este jueves la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro. Este es considerado como  el triunfo más importante para el presidente, sus ministros y la bancada del Pacto Histórico en la segunda mitad de su cuatrienio, porque avanza en la recuperación de derechos para más de 10 millones de trabajadores formales.

Sin embargo, la victoria es agridulce. En la noche del miércoles, la mayoría de la plenaria, liderada por la oposición al Gobierno, eliminó tres artículos que buscaban crear el jornal agropecuario, formalizar a millones de campesinos y garantizar que los trabajadores del campo percibieran al menos un salario mínimo.

Para convertirse en ley, el proyecto todavía debe superar con éxito dos difíciles debates en el Senado, primero en la Comisión Séptima, donde hace unos meses se hundió la reforma a la salud, y después en la plenaria, donde el Gobierno no tiene aseguradas las mayorías.

Muchos parlamentarios que defienden el proyecto han señalado que la reforma pasó pero quedó “peluqueada”. En la primera discusión, en la Comisión Séptima de la Cámara, las mayorías lograron eliminar bloques de artículos relacionados con la ampliación de los derechos sindicales. Sin jornal agropecuario y sin beneficios para el sindicalismo, la futura ley dejaría por fuera a dos de las mayores fuerzas que han acompañado al proyecto progresista de Gustavo Petro.

Pese a los cuestionamientos del presidente a los congresistas, la aprobación de la reforma en la Cámara, con 93 votos por el sí y 13 por el no, fue posible gracias a consensos entre el Gobierno y las bancadas que le apoyan (el Pacto Histórico, el partido Comunes, los representantes de las víctimas y algunos parlamentarios del partido Verde) con las bancadas de los partidos Liberal, de la U y Conservador.

Para la consolidación de esos acuerdos fue clave el trabajo de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y de la coordinadora ponente, María Fernanda Carrascal. Los tres cedieron en algunas líneas rojas de los independientes para evitar que la reforma se hundiera, como había ocurrido con el primer proyecto de ley de reforma laboral que presentó el Gobierno.

La aprobación de la reforma en la Cámara puede ser el comienzo del gran acuerdo nacional en el que ha insistido el Gobierno, y especialmente Cristo Bustos en sus tres meses en el cargo: escuchar, dialogar con los que piensan distinto, ceder y llegar a consensos. Así, por ejemplo, se logró aumentar el horario laboral que tiene una mayor remuneración para los trabajadores por considerarse nocturno.

Si hoy en día los empleadores deben pagar extra el trabajo desde las 9 de la noche, el proyecto inicial pretendía que eso comenzara a 6 de la tarde. Finalmente, se llegó a un acuerdo intermedio: la mayoría de la plenaria votó para que el recargo iniciara a las 7 de la noche. También se estableció el pago de un sobresueldo del 100% por el trabajo en el día de descanso obligatorio, domingos o festivos, cuando hoy es del 75%.

la Cámara también aprobó la prohibición de contratar a organizaciones de trabajadores para que ejecuten obras o presten servicios a terceros.

De acuerdo con el Gobierno y con los ponentes, ello previene la tercerización laboral y fortalece la capacidad de organización y representación de los sindicatos.

También, tras varias semanas de debate, se aprobó laborizar el contrato de aprendizaje de cientos de miles de jóvenes que estudian en el SENA, la principal entidad de formación técnica y tecnológica de Colombia.

Hoy trabajan en empresas a modo de prácticas, pero no se los trata como empleados. “Los y las aprendices del SENA recibirán el 60% de un salario mínimo en la fase lectiva y el 100% en la práctica y todas las prestaciones sociales de Ley. Esto es trabajo decente y dignidad laboral”, explicó la ponente Carrascal después de que se aprobaran los artículos, con el apoyo de los representantes de las tres bancadas independientes clave para los acuerdos, liberal, conservadora y de la U. En este artículo también se aprobó el pago de un salario mínimo para los médicos que están haciendo el internado en clínicas u hospitales.

Algo similar había ocurrido una semana antes, cuando la plenaria aprobó las siete circunstancias específicas en las que los trabajadores podrán pedir licencias temporales sin que afecten su salario. Entre ellas están ir a votar, sufrir una calamidad doméstica, tener una actividad sindical, atender una solicitud judicial, ir a un evento del colegio de los hijos y, la que más polémica generó, “asistir a citas médicas programadas o citas médicas de urgencia, incluidos los casos en los que la persona trabajadora presente ciclos menstruales incapacitantes, dismenorreas o cuadros de tensión abdominal por la menstruación, asociados a endometriosis ya diagnosticada”.

Ese entendimiento entre bancadas también fue indispensable para que la Cámara aprobara con amplias mayorías los artículos que establecen nuevas reglas para los trabajadores de las plataformas digitales, incluidos servicios de domicilio como Rappi, Uber Eats o Didi Food.

El apoyo de los partidos tradicionales en un punto que lleva años en la discusión pública se logró gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y AlianzaIn, el gremio de las aplicaciones digitales que lidera José Daniel López Jiménez, hasta 2022 congresista del opositor Cambio Radical.

La reforma plantea que las plataformas y sus trabajadores deberán definir si su vinculación se da como dependientes, con un contrato laboral, o como independientes. En el primer caso, la empresa asumirá los aportes de seguridad social; en el segundo, pagará el 60% de los aportes en salud y pensión, y los trabajadores el 40%.

En cualquier caso, las empresas asumirán el 100% de los riesgos laborales. “A través del diálogo y la construcción en medio de la diferencia, es posible lograr avances que beneficien materialmente a sectores concretos de la población. En este caso, vamos a garantizar que 120.000 personas cuenten con seguridad social, lo cual es profundamente transformador. Es un avance tremendo, fruto de la concertación y el trabajo en medio de la diferencia”, dijo López.

Durante la discusión, también se aprobó el auxilio de conectividad para los trabajadores que laboren desde sus casas, por el mismo monto que hoy reciben los empleados por el subsidio de transporte. Otro punto clave del debate, en el que se impuso el Gobierno, fue establecer que si un empleador renueva por más de cuatro años un contrato a término fijo, se le considerará indefinido.