La violencia dirigida hacia líderes y lideresas políticos, sociales y comunales, fenómeno que impide a quienes asumen la defensa y representación de los derechos humanos, de sus comunidades y de distintos proceso políticos y sociales ejercer dicho rol con libertad, no cesa en el Pacífico Colombiano.
En los último días se han denunciado nuevamente las amenazas contra el líder social Carlos Andrés Quiñonez Cabezas oriundo del municipio de Tumaco, quien había venido trabajando en la vereda de Llorente para articular con las autoridades y otras instancias de la región, e intentar sacar adelante proyectos con los adultos y jóvenes en alto riesgo que permitan la reinserción a la población civil por lo que fue rechazado por uno de los cabecillas el cual le agredió cuando trataba de explicarles su trabajo comunitario con las brigadas de salud y talleres de emprendimiento.
Quiñonez Cabezas fue conminado a dejar la zona al ser declarado por el grupo ilegal que delinque este sector de la costa nariñense hasta el punto de propiciarle un disparo cerca sus pies para intimidarle y advertirle que no podía seguir este trabajo, pues ante esta acción violenta debió trasladarse por un tiempo hasta Chile.
Al regresar a Colombia este 4 de septiembre sujetos armados irrumpieron en una vivienda en Guachené al Norte del Cauca hasta donde se había refugiado de su desplazamiento forzado en la cual dejaron un planfleto en el que nuevamente le advertían que debía abandonar junto a su familia el territorio.
Estos hechos que fueron denunciados oportunamente ante las autoridades pone en evidencia de como los líderes sociales en Colombia son víctimas de intimidaciones y agresiones que afectan el desarrollo de su rol como voceros comunales o ejercen cierto liderazgo en la ruralidad , impide el adecuado y libre ejercicio de sus actividades en beneficio de las comunidades, como ha sido el caso de Carlos Andrés Quiñonez Cabezas, poniendo en riesgo su vida y su entorno familiar.
La violencia contra líderes sociales en Colombia sigue siendo una preocupación grave, con un aumento de ataques letales en algunos casos y una concentración de la violencia en zonas rurales y territorios específicos como el Pacífico Nariñense y la zona Norte del Cauca.
Las amenazas y los asesinatos son las formas más comunes de violencia, y las zonas con presencia estatal reducida son particularmente vulnerables, lo que desde la regional de la Defensoría del Pueblo en Cauca ha hecho un llamado urgente para proteger la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos como la situación de Carlos Andrés Quiñonez Cabezas , enfatizando que sus labores son esenciales para la democracia y el respeto a los derechos humanos. La entidad ha instado a las autoridades a implementar medidas efectivas para prevenir ataques y garantizar la seguridad de estos líderes, así como a investigar a fondo los casos de violencia ya ocurridos.
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