La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ha tomado medidas contundentes contra seis estaciones de servicio en los departamentos de Nariño y Cauca, involucradas en una red de venta ilegal de gasolina.
Estas estaciones, ubicadas en Puerres, San Pablo, La Cruz y Arboleda (Nariño), así como en Puerto Tejada y Piendamó (Cauca), han sido objeto de medidas cautelares que incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de los bienes.
Las acciones, realizadas de manera conjunta con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, han permitido la ocupación de estas estaciones, cuyo valor preliminar supera los 7.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, estos bienes formarían parte del patrimonio ilícito de una organización criminal dedicada al apoderamiento y destinación ilegal de hidrocarburos.
La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, reveló que desde 2020 esta estructura criminal había utilizado las estaciones de servicio para recibir combustible de manera ilícita y distribuirlo clandestinamente.
En Nariño, la gasolina, el ACPM y otros combustibles, que deberían comercializarse bajo descuentos y subsidios por estar en zona de frontera, eran desviados hacia Cauca para su venta a un precio superior, dejando millonarias ganacias.
De momento se anunció que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes ocupados, garantizando que no se utilicen para fines ilegales mientras avanza la investigación. Las autoridades han subrayado la importancia de estas medidas para frenar el accionar de la red y recuperar los activos obtenidos de manera ilícita.
Este operativo se enmarca en los esfuerzos del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación por combatir el tráfico ilegal de combustibles, un delito que afecta no solo la economía local, sino que financia otras actividades criminales.
La Fiscalía en este caso ha destacado la colaboración interinstitucional como clave para lograr estos resultados y ha reiterado su compromiso con la extinción de dominio sobre bienes adquiridos de manera ilegal.
El ente de investigación penal finalmente señaló que la ocupación de estas estaciones de servicio es solo un paso en una investigación más amplia, que busca desmantelar por completo la red criminal y devolver los recursos obtenidos ilegalmente al control del Estado.
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