El homicidio de Carlos Andrés Ascué Tumbo se registró en una estación de servicio en el corregimiento de Pescador en la zona rural del municipio de Caldono al Norte del Cauca.
El Consejo Regional Indígena del Cauca – Cric expresó que la víctima era “guardia indígena, coordinador Pedagógico del Consejo Educativo Local del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, Nasa aguerrido que siempre le hizo frente al plan de muerte y a toda su estrategia de guerra”.
Agregó que “acompañó desde siempre los procesos político organizativo de su comunidad, en la defensa de la vida y el control territorial, al igual que los procesos educativos y espirituales en su territorio”.
El dirigente había denunciado amenazas en el mes de abril de 2024 por parte de la columna Dagoberto Ramos y solicitado protección a la UNP.
Las (138) Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC – NACIONAL de los 11 Pueblos: Ampiuille, Polindara, Nasa, Misak, Epedara- Siapidara, Yanakuna, Totoroéz, Embera, Kokonuco, Kisgo e Inga, de manera conjunta, nos pronunciamos sobre los últimos hechos que agudizan el exterminio Físico, Cultural y de gobernabilidad de nuestros pueblos originarios del territorio CRIC, denunciaron y rechazaron el crimen del Guarda Indígena Carlos Andrés Ascué Tumbo.
“Una vez más el dolor nos embarga, por esta cruel guerra que enluta nuestros corazones, hoy perdimos otro amigo, compañero, hijo, padre, guerrero milenario CARLOS ANDRES de 30 años de edad, coordinador de guardia del resguardo indígena de Pueblo Nuevo, por el accionar irracional y furia de los violentos” expresó el CRIC en un comunicado.
La organización indígena sostuvo que “En el marco de la Minga por la defensa del Territorio la Vida y la Paz, que estamos desarrollando en Bogotá, nuevamente nos pronunciamos y alzamos nuestra voz de indignación, frente a los numerosos llamados que hemos realizado al Gobierno Nacional, ante lo cual la respuesta ha sido la Indiferencia, la continua dilación y postergación por parte de las entidades para que se atienda la emergencia humanitaria que viven nuestros pueblos Indígenas en los territorios, durante estos 10 días de movilización los Migueros y Mingueras, sentimos la falta de voluntad política, responsabilidad, compromiso y seriedad por parte del Gobierno del Cambio y su Paz Total, que no nos brinda ninguna esperanza de pervivencia para nuestro Pueblos, situación histórica que no se diferencia de los gobiernos anteriores”.
Aseguraron que el líder indígena había denunciado ante la Fiscalía, realizado la declaración ante el Ministerio Publico y solicitado medidas protección individual a la Unidad Nacional de Protección – UNP, frente al inminente riesgo de amenaza de asesinato, el cual no fue evaluado acorde a la gravedad de su situación y del contexto de violencia socio política de los actores armados en el territorio. Las medidas establecidas por el CERREM, no fueron idóneas, sin contemplar el enfoque diferencial, y lo más grave acabaron con su vida, sin que las medidas de protección fuesen implementadas por parte de la UNP, con la urgencia que ameritaba su caso.
“Exigimos respuesta inmediata y eficaz, frente a la omisión e indiferencia de la Institucionalidad Nacional sobre los múltiples llamados para atender de manera pertinente la crisis humanitaria que nos afecta en el departamento del Cauca, con impactos desproporcionados hacia nuestros pueblos indígenas, demostrando el desinterés en materializar la garantía de derechos constitucionales y humanos como pueblos originarios” señalaron las autoridades indígenas en el comunicado al tiempo que señalaron como responsables del asesinato a la insurgencia que tiene presencia notable en el región “Por órdenes expresas de Ivan Lozada, Sebastián Martinez y David Arenas, quienes lideran a los Frentes Dagoberto Ramos y Jaime Mertinez, grupos armados ilegales en confrontación y en ocupación de nuestros territorios, del exterminio de nuestra existencia física, cultural, territorial y gobierno ancestral”.
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