Ante los constantes cierres de la carretera Panamericana en el departamento del Cauca por parte de algunas comunidades indígenas, sociales y campesinas que utilizan esta práctica para hacer sus reclamos, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, lidera la necesidad de una solución definitiva a tantos atropellos y propuso crear un Puesto de Mando Unificado PMU que reúna a los departamentos de Valle, Cauca y Nariño ,para hacerle seguimiento a estas situaciones que generan graves afectaciones a la región pacífica.
“A nosotros en el Valle del Cauca y todo el sur occidente colombiano nos afecta muchísimo ese cierre de la vía Panamericana, primero, porque el 70% de nuestras exportaciones a Ecuador son por vía terrestre y se afectan esas exportaciones, pero también los alimentos que vienen de Nariño y de Cauca que no entran o se encarecen los precios. Además, está la problemática que existe en Nariño y Cauca donde se disminuye el empleo, el desarrollo económico y se generan dificultades para la alimentación, para abastecer la energía a las empresas, no hay suministro de gasolina ni de ACPM, es decir, es una cosa terrible lo que está pasando con estas obstrucciones de la carretera por parte de los indígenas”, explicó la mandataria seccional.
De esta manera, agregó la Gobernadora, se hace necesario “dar una solución definitiva a esa problemática, incluso estoy hablando con los gobernadores y decíamos que instaláramos un PMU conjunto para ver qué pasaba, hablar con la gente que no nos haga esto porque está generando daño a los tres departamentos de la costa Pacífica”.
El Indicador Mensual de Actividad Económica, IMAE, con el que se mide la economía en el departamento del Cauca, se evidenció que los 50 bloqueos y manifestaciones en la Panamericana afectó la actividad regional con pérdidas económicas superiores a los 20mil millones de pesos por cada día de bloqueo arbitrario, especialmente en el turismo , la productividad industrial, comercial y la vida cotidiana de miles de personas que deben atender asuntos en salud, educación y las acciones gubernamentales en infraestructura, lo que se suma a falta de seriedad de los gobiernos para cumplirles las promesas y acuerdos firmados a las comunidades.
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